El presidente Javier Milei celebró con un enigmático «TMAP!» el anuncio de tres importantes empresas globales de servicios y equipos petroleros de que no participarán en proyectos en las Islas Malvinas. Esta decisión surge como respuesta a las sanciones que el Gobierno argentino anticipó para quienes operen ilegalmente, sin autorización de nuestro país. Más allá del impacto económico, esta movida es parte de una estrategia mayor del oficialismo para reorientar el debate público y dejar atrás un clima dominado por noticias desfavorables para la Casa Rosada.

La táctica, ideada por el influyente asesor Santiago Caputo, busca retomar la iniciativa política. El Gobierno ve en la causa Malvinas una oportunidad para desviar la atención de temas conflictivos y, al mismo tiempo, fracturar posibles acercamientos entre sectores dialoguistas y la oposición más dura. Un ejemplo reciente de esta unión opositora fue el debate sobre la «Ley de Extranjerización de Tierras», que había generado conversaciones entre gobernadores peronistas, Sergio Massa e incluso figuras cercanas a Cristina Kirchner, algo impensado hasta hace poco.

Esta reactivación del peronismo y la izquierda encendió las alarmas en La Libertad Avanza, temiendo que se repitiera un escenario similar a la reforma previsional de 2017, que muchos consideran el origen del Frente de Todos. Por ello, la decisión de Milei de utilizar la cadena nacional para hablar de Malvinas, aunque generó dudas iniciales en su gabinete, hoy es vista como un acierto que permite al Gobierno evitar una «burbuja de negatividad» y forzar a la oposición a tomar partido en un tema de consenso nacional.

La estrategia incluye involucrar positivamente a la oposición. La frase de Milei «Este tema demanda que hagamos nuestras armas a un lado y mostremos un frente unido ante el mundo» fue clave para generar contradicciones dentro del kirchnerismo. Mientras que Juan Grabois apoyó la medida, Axel Kicillof criticó a Milei recordando su «admiración por Margaret Thatcher». Estos cruces internos son celebrados por el oficialismo, que ve en ellos una oportunidad para avanzar en reformas clave como la Carta Orgánica del Banco Central y la Ley de Inocencia Fiscal II, además de explorar consensos para la eliminación de las PASO y la aprobación del Presupuesto 2027.

Esta semana, el proyecto de ley para endurecer las sanciones a las empresas que operen ilegalmente en Malvinas llegará al Congreso. La orden dentro del Gobierno es avanzar con celeridad y controlar las voces más extremas para no desviar el eje de la discusión. El oficialismo espera que la causa Malvinas sirva para repavimentar el diálogo con gobernadores peronistas y aliados, permitiendo que se «moderen» y puedan justificar su acercamiento al Gobierno en un tema de interés nacional.

Fuente original: Clarín