La presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Costa Rica ha trascendido las advertencias iniciales, pasando de meros grafitis a una compleja red de operaciones de narcotráfico. En los últimos dos años, las autoridades costarricenses y sus socios internacionales han documentado un aumento alarmante en decomisos de cocaína y la conexión directa del cártel mexicano con organizaciones locales, utilizando al país centroamericano como un punto estratégico para el envío de toneladas de droga hacia Europa y Estados Unidos.
Uno de los episodios más recientes y contundentes fue la incautación de casi una tonelada de cocaína en La Guácima de Alajuela, atribuida directamente al CJNG. Este hecho se suma a una década donde las personas vinculadas al crimen organizado en Costa Rica se han multiplicado, y los homicidios han alcanzado cifras históricas, con un 70% clasificado como ajustes de cuentas, un claro indicio del recrudecimiento de la violencia narco.
Las señales de alerta comenzaron con grafitis con el nombre de “El Señor Mencho y sus gallos” en autopistas cercanas a la capital, San José, que inicialmente fueron minimizados por algunos funcionarios. Sin embargo, la realidad de las operaciones del cártel se hizo innegable con decomisos en puertos europeos, como Róterdam, donde se interceptaron cientos de kilos de cocaína y metanfetaminas provenientes de Costa Rica. Esto encendió las alarmas sobre la transformación del país no solo en un hub para la cocaína, sino también para drogas sintéticas.
La trama se complejiza con la implicación de funcionarios públicos y estructuras locales. Investigaciones y sanciones de la OFAC han señalado a exministros y redes criminales por facilitar el movimiento de drogas. El puerto de Moín, en Limón, ha sido identificado como un punto neurálgico para estas operaciones, llegando incluso a la detención de policías bajo sospecha de vínculos con organizaciones dedicadas al tráfico de más de 14 toneladas de droga en los últimos años. La situación subraya la urgencia de una respuesta contundente para desmantelar estas redes y proteger la integridad de las instituciones costarricenses.
Fuente original: Infobae