La Audiencia Nacional de España ha centralizado una compleja investigación que sacude los cimientos políticos y judiciales del país. El juez Santiago Pedraz ha tomado las riendas de todas las pesquisas relacionadas con la exmilitante del PSOE, Leire Díez, y una supuesta trama destinada a influir y manipular causas judiciales que involucran a jueces, fiscales y altos mandos de la Guardia Civil.
La decisión de Pedraz llega tras la inhibición del magistrado Arturo Zamarriego, quien había iniciado parte de esta investigación hace más de un año en Madrid. Ahora, todas las diligencias se unificarán bajo el paraguas de la Audiencia Nacional, ampliando el foco a figuras como el empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol, inicialmente investigados por cohecho y tráfico de influencias.
La magnitud del caso se ha expandido considerablemente, abarcando no solo al expresidente de la SEPI Vicente Fernández y al empresario Antxon Alonso, sino que en los últimos meses ha sumado a nombres de peso dentro del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Entre ellos figuran el exsecretario de Organización Santos Cerdán, el exconsejero andaluz Gaspar Zarrías y la gestora del PSOE Ana María Fuentes. La hipótesis central es la existencia de una red organizada para invalidar procesos judiciales que podrían afectar al Gobierno de Pedro Sánchez y a su círculo íntimo.
En este contexto, el juez Pedraz ya había autorizado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a requerir documentación en la sede central del PSOE en Ferraz, buscando posibles pagos a Leire Díez por estos supuestos servicios. Las acusaciones son de extrema gravedad e incluyen delitos de organización criminal, cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad documental, prevaricación, tráfico de influencias y delitos contra las instituciones del Estado, lo que subraya la seriedad de la situación.
Incluso en pleno agosto, mes habitualmente inhábil para la Justicia española, el juez ha citado a Juan Manuel Serrano, quien fuera jefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE y expresidente de Correos, para verificar o realizar un nuevo clonado de su teléfono móvil, una medida que el implicado ha intentado recurrir.
Fuente original: Infobae