El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, salió a poner paños fríos sobre las expectativas generadas en torno a los procedimientos impulsados contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, conocida como Maru Campos.
A través de declaraciones públicas y publicaciones en redes sociales, el legislador morenista aclaró que existe una confusión frecuente entre dos figuras jurídicas distintas: el juicio político y la declaratoria de procedencia. Aunque ambas involucran a funcionarios públicos, sus objetivos dentro del marco constitucional mexicano son completamente diferentes. Mientras que el juicio político apunta a destituir e inhabilitar a un servidor público, la declaratoria de procedencia tiene como fin retirarle el fuero para que pueda ser sometido a una investigación en el ámbito penal.
En el caso particular de Rocha Moya, Monreal señaló que la situación presenta una complejidad adicional: el funcionario solicitó licencia y, por ende, ya no está ejerciendo el cargo. Esto cambia sustancialmente el panorama, ya que el juicio político no podría tener como efecto la destitución de alguien que técnicamente no está en funciones. Según explicó el legislador, la única consecuencia concreta que podría derivarse del proceso sería una eventual inhabilitación para ocupar cargos públicos en el futuro.
«El funcionario pidió licencia y ya no ejerce el cargo», sostuvo Monreal, precisando que el Senado solo estaría en condiciones de aplicar una sanción de carácter administrativo vinculada a la restricción de funciones públicas.
Por otro lado, el coordinador morenista desmintió que la Junta de Coordinación Política tenga la facultad de resolver directamente sobre la viabilidad de estos casos. Aclaró que la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos establece un procedimiento formal que arranca con la presentación de una denuncia ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados, y que contempla diversas etapas antes de determinar si el caso avanza o no.
El trasfondo político de esta disputa se remonta a la iniciativa del PAN de impulsar un juicio político contra Rocha Moya, a quien acusa de presuntos vínculos con el crimen organizado. El coordinador panista en el Senado, Ricardo Anaya Cortés, aseguró contar con abundante evidencia sobre esos supuestos nexos. Como respuesta, Morena activó acciones similares contra Maru Campos, abriendo así un nuevo frente de tensión entre ambas fuerzas políticas.
Ante este escenario, Monreal fue crítico con la dinámica instalada y advirtió que transformar los juicios políticos en una herramienta de disputa partidaria «no sirve y no vale la pena». Llamó a actuar con prudencia para evitar que la polarización se profundice de cara a los próximos procesos electorales.
En tanto, la Subcomisión de Examen Previo acumula actualmente 57 solicitudes de juicio político pendientes de análisis, lo que da una dimensión del volumen de casos en espera.
Por su parte, Maru Campos salió al cruce de los señalamientos de Morena y defendió la gestión de seguridad de su administración. La mandataria chihuahuense afirmó que su gobierno ha enfrentado de manera directa al crimen organizado y que no hay «nada que esconder» en relación al operativo en el que habrían participado agentes extranjeros en suelo estatal. Además, indicó que instruyó a la Fiscalía provincial a actuar dentro del marco legal y reafirmó su compromiso de seguir trabajando en conjunto con las instituciones federales para garantizar la seguridad en Chihuahua.
Fuente original: Infobae