Un soldado, integrante del Batallón Ayacucho de Manizales en Colombia, está siendo investigado por la justicia en el municipio de Chinchiná, Caldas, por presuntos delitos de maltrato físico, psicológico y económico. La causa judicial también lo señala por severas amenazas contra su expareja sentimental, en un caso que generó gran preocupación entre las autoridades y organizaciones de derechos de las mujeres.
La investigación describe un patrón de violencia que se habría extendido durante tres años de convivencia y que, alarmantemente, persistió incluso después de la ruptura de la relación. Según la Fiscalía General de la Nación, el militar ejercía control y agresiones constantes durante una década, aunque los últimos tres años estuvieron marcados por episodios de extrema violencia física y emocional. Las pruebas incluyen testimonios de testigos, videos de cámaras de seguridad que registraron las agresiones y audios donde el uniformado amenaza con quitarle la vida a su expareja si la veía con otra persona. Los hechos violentos, se intensificaban, según la investigación, cuando el soldado consumía alcohol.
Uno de los aspectos más aterradores del caso es la acusación de que el militar habría contratado a un tercero para asesinar a la mujer. Sin embargo, el supuesto sicario, quien conocía a la víctima desde hacía tiempo, se arrepintió de la tarea y acudió a advertirle que su expareja le había dado la orden de matarla. Este último episodio, ocurrido en mayo de 2026, impulsó nuevas acciones judiciales y medidas de protección para salvaguardar la integridad de la denunciante.
A pesar de la gravedad de los hechos, el acusado intenta acogerse a un “principio de oportunidad”, una herramienta legal que le permitiría evitar una condena penal a cambio de asumir compromisos como someterse a terapias por su problema con el alcohol. La defensa solicitó la libertad del militar en espera de este acuerdo, pero la jueza rechazó el pedido, considerando el alto riesgo que representa para la víctima. La Fiscalía remarcó que, a lo largo del proceso, se adoptaron medidas especiales de protección, aunque el militar violó las restricciones de acercamiento, lo que llevó a su captura y reclusión preventiva.
El fiscal del caso subrayó la ardua labor para garantizar los derechos de la víctima y actuar con prontitud. Aunque la víctima ha manifestado su voluntad de aceptar el principio de oportunidad, lo condiciona a que el procesado reciba tratamiento adecuado y se comprometa a no volver a cometer actos violentos. El proceso judicial continuará el 30 de julio, fecha en la que se definirá si se otorga el principio de oportunidad o si el caso avanza hacia una sentencia definitiva. Las autoridades enfatizaron la importancia de denunciar cualquier hecho de maltrato o amenaza para que los agresores no queden impunes.
Fuente original: Infobae