El presidente guatemalteco Bernardo Arévalo de León anunció este jueves que su administración está llevando adelante una reforma profunda del sistema penitenciario del país, con el objetivo de desmantelar las redes de corrupción que operan desde adentro de las cárceles y convertir los centros de detención en espacios orientados a la rehabilitación.
«Los centros donde se cumplen las condenas no pueden seguir siendo escuelas del crimen. Tienen que ser lugares donde la reinserción sea una realidad», afirmó el mandatario en un acto oficial donde su gobierno recibió un conjunto de 20 vehículos destinados al traslado de internos. El apoyo llegó de la mano de Estados Unidos y del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
La incorporación de esta nueva flota de transporte fue presentada como un avance concreto hacia la recuperación del control estatal sobre los penales, algo que hoy resulta urgente dado el nivel de colapso del sistema. Las cárceles guatemaltecas alojan actualmente a más de 25.000 personas en instalaciones que fueron pensadas para no más de 7.000, lo que representa una sobrepoblación que supera el 300% de la capacidad real.
Ese hacinamiento extremo generó el caldo de cultivo ideal para que organizaciones criminales operen con relativa libertad desde el interior de los penales, coordinando extorsiones y ordenando asesinatos hacia afuera de los muros.
La situación llegó a un punto de quiebre en enero de este año, cuando un intento del gobierno por retomar el control de varios establecimientos desencadenó disturbios en tres centros de detención. La respuesta de la pandilla Barrio 18 fue brutal: una serie de ataques en las calles del país terminó con la vida de 11 efectivos de la Policía Nacional Civil.
Frente a ese panorama, Arévalo de León reconoció que durante años el Estado miró para otro lado mientras los penales funcionaban al servicio de las mafias. Como parte de la respuesta, su gobierno avanza en la construcción de dos cárceles de máxima seguridad. Una de ellas se levantará en el complejo conocido como «El Infiernito», ubicado en la provincia de Escuintla, al sur del país, donde actualmente se encuentran detenidos varios líderes de bandas criminales.
El ministro del Interior, Marco Antonio Villeda, también hizo uso de la palabra y reconoció que el sistema penitenciario estuvo abandonado durante décadas. «La seguridad de una sociedad democrática también se construye puertas adentro de las prisiones», señaló, y subrayó que recuperar el orden en las cárceles es una deuda del Estado con toda la ciudadanía.
Fuente original: Infobae