La Justicia federal de San Isidro ha dado un nuevo paso en la investigación contra la firma financiera Wenance, citando a indagatoria a su CEO, Alejandro Muszak, y a la directora Paola Andrea Vallone por otras 44 presuntas estafas. Esta medida se suma a una causa que ya acumula cientos de denuncias de clientes e inversores, con tramos ya elevados a juicio oral.

Según la acusación, la empresa habría ideado un esquema para otorgar préstamos a personas en situación de vulnerabilidad económica, para luego realizar débitos automáticos por montos superiores a los acordados o efectuar cobros sin justificación alguna. La jueza federal Sandra Arroyo Salgado fue quien dispuso las indagatorias, fijadas para el 17 de septiembre, tras un requerimiento del fiscal federal Federico Iuspa.

La investigación detalla que las víctimas eran captadas a través de publicidad en plataformas digitales como Presto Hoy y Hola Mango, que prometían créditos rápidos y accesibles. Una vez que los usuarios completaban sus datos, eran contactados por agentes de Wenance o empresas vinculadas. Posteriormente, se solicitaban los datos bancarios para el débito automático de las cuotas. Sin embargo, la pesquisa detectó cobros excesivos o sin motivo legítimo, a menudo bajo diferentes razones sociales, lo que dificultaba a los damnificados rastrear las maniobras y bloquear los descuentos.

Un punto clave en el expediente es el perfil de los denunciantes, mayoritariamente personas de bajos ingresos, con historiales crediticios desfavorables o sin acceso al sistema bancario tradicional. La fiscalía subraya que Wenance operaba a gran escala, con más de 200 empleados y expansión internacional, una estructura que habría generado confianza en sus clientes. Además, la rotación de marcas comerciales para los débitos complicaba aún más los reclamos y fragmentaba la identidad del cobrador.

Muszak y Vallone ya enfrentaban requerimientos a juicio por estafas previas, incluyendo un tramo que investiga 524 presuntas estafas y el delito de asociación ilícita. Se estima que el perjuicio económico causado por estas maniobras supera los 1.850 millones de pesos, 7 millones de dólares y 117.000 euros. La investigación sugiere que el cese de pagos de la empresa en julio de 2023 no fue un problema comercial sobrevenido, sino parte de una maniobra montada desde el inicio.

Fuente original: Infobae