El Gobierno, a través del Ministerio de Capital Humano y con el patrocinio de la Procuración del Tesoro de la Nación, presentó un nuevo recurso en el fuero contencioso administrativo federal para anular la suspensión de más de 80 artículos de la Ley 27.804 de modernización laboral, medida cautelar dictada por el juez Ojeda del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N°63.
La jueza del Juzgado Nacional de Contencioso Administrativo Federal N°12 ordenó elevar las actuaciones a la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones, pero señaló que el juez laboral se rehúsa a cumplir con la resolución de la Cámara del 28 de abril de 2026, que ya había establecido la competencia del fuero contencioso administrativo.
La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal acaba de exigir al juez Ojeda que remita la causa en 24 horas, destacando su incumplimiento de las reglas procesales y reafirmando que la discusión sobre la competencia está cerrada.
Según el Gobierno, el juez Ojeda actuó de forma arbitraria al excluir a la Procuración del Tesoro de la Nación del patrocinio, rechazó recursos federales y no cumplió con la Acordada de la CSJN sobre procesos colectivos, lo que generó un desvío del derecho procesal.
La CGT, por su parte, pidió la nulidad de la resolución de la Cámara de Apelaciones del Trabajo y la exclusión de los camaristas que restablecieron la vigencia de la ley laboral. El conflicto refleja un enfrentamiento entre el poder judicial y el Ejecutivo sobre la aplicación de una normativa clave para el mercado laboral argentino.