El Gobierno argentino presentó un recurso ante la Corte Suprema para suspender la Ley de Financiamiento Universitario, reiterando argumentos utilizados previamente en la Cámara y en el decreto 647/2025. Según fuentes oficiales, la norma no especifica las partidas presupuestarias ni las fuentes concretas de financiamiento necesarias para su cumplimiento.
La objeción del Ejecutivo se basa en la vetación de la ley en 2025 y en la posterior insistencia del Congreso para su sanción. En el decreto 647/2025, el oficialismo sostuvo que la norma quedaba suspendida en su ejecución por aplicación del artículo 5 de la ley 24.629, hasta que el Congreso definiera las fuentes de financiamiento.
Este argumento fue rechazado previamente por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, que confirmó una cautelar ordenando al Estado cumplir inmediatamente con los artículos 5 y 6 de la ley 27.795, relacionados con la actualización salarial de docentes y becas. Sin embargo, el Gobierno mantiene su defensa, buscando ganar tiempo y asegurar que la implementación se ajuste a la disponibilidad presupuestaria.
Desde la Casa Rosada, se insiste en la necesidad de adecuar la ley al presupuesto nacional para evitar déficit anual, proponiendo una nueva norma para modificar su costo fiscal. Mientras tanto, el Ejecutivo afirma que actualizará las partidas universitarias y cumplirá con erogaciones mensuales, no un desembolso único.
Fuentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) prevén que la erogación será mensual y no incluirá un pago retroactivo pleno. Sin embargo, la incertidumbre persiste debido a la posible demora en la implementación tras la apelación judicial. Paralelamente, el Gobierno impulsa un per saltum ante la Corte Suprema para revertir la suspensión de parte de la reforma laboral, involucrando al máximo tribunal en dos disputas de alto impacto político.
La disputa refleja la tensión entre el Ejecutivo y el Congreso en temas presupuestarios, mientras la Corte Suprema se convierte en un escenario clave para resolver conflictos legales de alto voltaje. La resolución de este caso podría marcar un precedente importante para futuras normas y su aplicación inmediata.