El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, solicitó una licencia temporal de 30 días tras una investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que lo acusa de tener vínculos con el cartel «Los Chapitos» y recibir sobornos. La medida fue aprobada por el Congreso estatal, con Yeraldine Bonilla como su reemplazante temporal.
La investigación estadounidense incluye la presunta posesión ilegítima de armas y pagos mensuales de entre 5.450 y 16.670 dólares a funcionarios locales a cambio de protección y filtración de información. El caso involucra a otros nueve funcionarios, entre ellos el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.
El gobierno de EE.UU. emitió notificaciones de decomiso que afectan al gobernador y a otros dirigentes, como el senador Enrique Inzunza Cázarez, el exsecretario Enrique Díaz Vega y el vicefiscal Dámaso Castro Zaavedra. Las medidas se extienden a propiedades vinculadas al tráfico de drogas como fentanilo, cocaína y metanfetaminas.
Yeraldine Bonilla, la nueva gobernadora interina, expresó su respaldo a Rocha Moya en redes sociales, destacando su «decisión republicana». Prometió gobernar con «principios y corazón» y alinearse con la Cuarta Transformación, reconociendo la labor de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Este caso plantea preguntas sobre la transparencia en la administración pública y el impacto de las investigaciones internacionales en la gobernabilidad estatal. La situación resalta la necesidad de fortalecer mecanismos de rendición de cuentas y la colaboración entre gobiernos para combatir el narcotráfico.