En un desarrollo crucial para el esclarecimiento del caso Ayotzinapa, las autoridades mexicanas detuvieron al exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero. La Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa de haber ordenado la destrucción de grabaciones de videovigilancia que captaron los últimos momentos con vida de un grupo de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en 2014, un acto que la institución califica como una operación deliberada de encubrimiento.

Durante casi doce años, la existencia de estas grabaciones del Palacio de Justicia de Iguala fue un enigma, con versiones oficiales que atribuían su ausencia a supuestas fallas técnicas. Sin embargo, la FGR ahora sostiene que los videos sí existieron y que fueron retirados intencionadamente bajo las instrucciones del entonces mandatario estatal, convirtiéndose en una de las pruebas más importantes y a la vez más obstaculizadas del caso.

Según la reconstrucción de los hechos, las cámaras 12 y 15 del Palacio de Justicia habrían registrado la secuencia completa: la llegada del autobús Estrella de Oro 1531, el cerco policial, los golpes y la detención forzada de entre 12 y 15 estudiantes. Estas imágenes representan el último rastro conocido de ese grupo de normalistas antes de su desaparición, desmintiendo las explicaciones iniciales sobre el paradero de los jóvenes.

La investigación también apunta a una operación de alto nivel para establecer una «verdad histórica» falsa. Se habrían celebrado reuniones entre altos funcionarios federales y estatales, incluyendo al propio Ángel Aguirre, con el objetivo de manipular la opinión pública y cerrar el caso rápidamente con una versión que no se ajustaba a los hechos. Aguirre ha negado previamente su participación en la construcción de esta narrativa oficial.

El avance en la causa se produjo gracias a nuevas indagatorias de la FGR que, bajo un modelo renovado de investigación, obtuvieron dos testimonios clave en 2026. Un testigo colaborador confirmó la existencia de las videograbaciones y señaló a la persona encargada de sustraerlas para entregárselas directamente a Aguirre Rivero. Un segundo testigo protegido indicó que el exgobernador convocó a una reunión con mandos de su gobierno para ordenar la eliminación de cualquier evidencia relacionada con los sucesos frente al Palacio de Justicia.

Con base en estas pruebas, un juez federal libró la orden de aprehensión. Ángel Aguirre Rivero fue detenido el 6 de agosto de 2026 en la autopista México-Querétaro y trasladado al Cefereso Número 1 «El Altiplano», acusado de delitos contra la administración de justicia y desaparición forzada de personas. Los padres de los 43 normalistas, aunque no fueron notificados previamente, expresaron que, de ser sólido, este proceso podría saldar una deuda histórica de justicia para sus familias.

Fuente original: Infobae