El juez Gerardo Pollicita investiga la operación de compra del departamento en Caballito que realizó Manuel Adorni, luego de que las jubiladas Claudia Sbabo y Beatriz Viegas revelaran desconocer detalles del acuerdo. El funcionario pagó 30.000 dólares a las vendedoras, pero se comprometió a saldar 200.000 sin intereses, un esquema que ha generado dudas sobre su origen.
Las imágenes del inmueble antes y después de la remodelación, que pasó de un estado deplorable a uno completamente renovado, han sido clave en la investigación. Las jubiladas no recuerdan quién financió las refacciones ni cuánto costaron, lo que amplía las incógnitas sobre el caso.
Además de la compra del departamento, se investigan otros gastos de Adorni, como un viaje a Aruba en primera clase por 5.800 dólares y la adquisición de una casa en el country Indio Cuá. Su salario duplicó su nivel de vida durante la gestión libertaria.
Las jubiladas, con recursos limitados, vendieron el departamento a Adorni a un precio ligeramente superior al que lo compraron. Su historial económico y la sospecha de una operación simulada han llevado a la fiscalía a profundizar en los gastos de remodelación.
El caso resalta la necesidad de transparencia en las operaciones de funcionarios públicos, mientras las autoridades buscan esclarecer si los recursos utilizados provienen de fuentes legítimas o si se trata de enriquecimiento ilícito.

