El fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, solicitó al juez de turno la detención e indagatoria del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, así como la inhibición de bienes de Pablo Toviggino y su entorno. La medida se fundamenta en delitos de asociación ilícita agravada y lavado de activos, con penas mínimas de 8 años de prisión.
Según el fiscal, Tapia habría permitido la sustracción de fondos de la AFA al autorizar transferencias a empresas vinculadas a Toviggino, como Real Central SRL, dueña de una mansión en Pilar valorada en 17 millones de dólares. Además, se menciona la participación de Javier Faroni, cuya empresa TourProdEnter recaudó 400 millones de dólares en el exterior relacionados con la Selección de Lionel Messi.
El fiscal incluyó en la lista de imputados a figuras como Orlando Martín López, Mauro Javier Paz y otros 12 nombres, mientras que sospechosos adicionales incluyen a María Florencia Sartirana y Juan Pablo Beacon. El caso se basa en una supuesta organización criminal con recursos económicos que podrían facilitar la fuga de los imputados.
El lavado de activos se habría llevado a cabo mediante una estructura societaria compuesta por empresas como Malte, DCT, Bori y Real Central. Las investigaciones revelaron un crecimiento exponencial del capital social de estas empresas, junto con la compra de 35 inmuebles en Santiago del Estero y numerosos viajes al exterior.
El caso marca un nuevo capítulo en la lucha contra la corrupción en el fútbol argentino, poniendo en entredicho la transparencia de la AFA y exponiendo prácticas que involucran a figuras clave del entorno del deporte. La judicialización de Tapia, un actor central en el fútbol nacional, podría tener implicaciones profundas para el futuro del deporte en Argentina.