La Justicia de Tres Arroyos sentenció a una profesional de la construcción a indemnizar con 30.000 dólares a una familia, luego de que su vivienda presentara graves fallas estructurales y un riesgo inminente de colapso. El dictamen, emitido por el Juzgado Civil y Comercial n.º 1, establece la responsabilidad de la técnica maestra mayor de obras por las deficiencias detectadas en la casa, que ponían en peligro la seguridad de sus ocupantes.
La familia, compuesta por un matrimonio y sus dos hijas, había contratado en 2022 a la profesional para la dirección y construcción de una casa de madera industrializada. Según el contrato, la entrega se concretó en junio de 2023. Sin embargo, poco después de mudarse, comenzaron a aparecer una serie de problemas: fisuras, filtraciones, curvaturas en los muros, grietas en los cimientos y desprendimientos de materiales, además de fallas en las instalaciones. Un informe pericial oficial confirmó que la estructura presentaba un «peligro in situ» de colapso y no cumplía con los estándares técnicos.
Durante el proceso judicial, la demandada intentó deslindar responsabilidades, argumentando que los desperfectos se debían a la falta de mantenimiento o a una platea de hormigón defectuosa provista por la propia familia. También alegó que el contrato era de bajo costo. No obstante, la Justicia desestimó estos argumentos, señalando que las deficiencias eran producto de una ejecución y diseño incorrectos por parte de la contratista, quien tenía la obligación de entregar una vivienda apta y segura, y de advertir cualquier problema previo en la platea.
El fallo enfatizó que la profesional debía garantizar la seguridad y estabilidad del inmueble, y que el bajo costo del contrato no justificaba el incumplimiento de las normas técnicas básicas. Además, se descartó que los temporales recientes fueran la causa de los daños, ya que las viviendas deben estar diseñadas para soportar las condiciones climáticas habituales de la región. La sentencia ordenó la indemnización de 30.000 dólares, basada en el costo estimado de las reparaciones, que equivalían al 60% de la reconstrucción total de la vivienda.
Si bien la Justicia reconoció el derecho a la indemnización por los daños materiales, desestimó los reclamos por daño moral y alquiler de vivienda alternativa, al considerar que no hubo pruebas suficientes de que la familia hubiera abandonado el inmueble o de una afectación extrapatrimonial más allá de las molestias propias del litigio. Las costas del proceso fueron impuestas a la profesional demandada.
Fuente original: Infobae