La ciudad autónoma española de Ceuta enfrenta una compleja situación humanitaria y política, luego de que la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, confirmara que más de dos mil menores migrantes se encuentran actualmente en la región. Esta cifra incluye a casi 1.500 niños y adolescentes alojados en centros de protección, sumados a otros 1.200 que aún no han sido formalmente registrados o identificados tras la masiva llegada de fines de julio.

La ministra Rego destacó la extrema vulnerabilidad de estos jóvenes, señalando que entre ellos hay 760 niñas, de las cuales 233 tienen menos de 13 años. Sus historias son diversas y desgarradoras, incluyendo casos de huida de violencia sexual, maltrato, matrimonios forzados, situación de calle y un número significativo perteneciente al colectivo LGTBI+. Ante esta realidad, el gobierno español trabaja en un plan para trasladar a quinientas de estas niñas a la Península, buscando aliviar la presión sobre los recursos de Ceuta y garantizar una mejor atención.

La gestión de esta crisis ha provocado un intenso cruce de acusaciones en el Congreso español. Mientras la ministra defiende la acción de su cartera desde el primer momento y la asignación de recursos millonarios para la atención de los menores, la oposición, representada por el Partido Popular y Vox, ha criticado duramente la falta de anticipación del gobierno. PP y Vox han exigido la devolución de estos menores a Marruecos, argumentando que se debe cooperar con el país vecino y las mafias para evitar futuras llegadas masivas, una postura que el gobierno rechaza por considerarla contraria a la ley y a los derechos de la infancia.

Rego ha sido enfática al recordar que las comunidades autónomas no pueden negarse a acoger a estos menores, amparándose en la ley de extranjería que permite su reparto y ya ha gestionado miles de expedientes. Además, la ministra denunció los «discursos de odio» que buscan «romper la democracia» y deslegitimar la política migratoria, subrayando la importancia de investigar cada caso y no incumplir las leyes internacionales de protección a la infancia. La diputada Cristina Valido resumió la situación al afirmar que «el niño que llega a Ceuta no es de Ceuta», sino un menor con derechos reconocidos internacionalmente, enfatizando la responsabilidad compartida de su acogida.

Fuente original: Infobae