El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha solicitado formalmente la reactivación de cargos criminales contra Kilmar Abrego García, un ciudadano salvadoreño que fue deportado por error y luego regresó al país por orden judicial. Esta movida ha generado controversia, ya que un fallo previo de la Corte de Apelaciones del Sexto Circuito había calificado el proceso judicial como un «acto de venganza institucional», una acusación grave que pone en tela de juicio los límites del poder estatal.
La historia de Abrego García es un laberinto legal y humano. Padre de tres hijos ciudadanos estadounidenses, huyó de El Salvador hace más de una década debido a amenazas de pandillas, obteniendo protección legal para residir en EE.UU. Sin embargo, en marzo de 2025, durante la administración Trump, fue deportado por un «error administrativo», a pesar de contar con una orden judicial que prohibía su expulsión. Tras una ardua batalla legal que llegó hasta la Corte Suprema, el sistema judicial ordenó su retorno al país, reconociendo el grave error cometido.
Paradójicamente, fue precisamente en el momento de su regreso, ordenado por los tribunales, cuando la fiscalía decidió desempolvar una investigación de 2022 por presunto tráfico de personas. El juez federal Waverly Crenshaw determinó en mayo de 2026 que la fiscalía actuó con «enjuiciamiento vindicativo», es decir, procesando a Abrego García no por un delito sólido, sino como castigo por haber ejercido sus derechos legales y haber ganado su demanda contra el Estado. El magistrado concluyó que, de no haber impugnado con éxito su expulsión, los cargos nunca se habrían presentado.
El fiscal federal Braden Boucek insiste en que el gobierno tiene un interés legítimo en procesar a cualquier persona que represente un riesgo para la seguridad pública, negando cualquier intención de castigo y argumentando que el regreso del acusado simplemente permitió retomar un caso pendiente. No obstante, el equipo de defensa de Abrego García ha calificado la postura del gobierno como «totalmente errónea», señalando que el proceso se inició bajo instrucciones directas de la Casa Blanca, lo que refuerza la tesis de la represalia política por la victoria del salvadoreño ante la Corte Suprema.
Mientras la Corte de Apelaciones del Sexto Circuito delibera sobre la reinstalación de los cargos, Abrego García enfrenta una nueva y preocupante amenaza: el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) intenta deportarlo nuevamente, esta vez a Liberia, un país africano con el que no tiene ningún vínculo. Un juez federal ha bloqueado temporalmente esta insólita maniobra, que la defensa describe como otro intento del gobierno por deshacerse de un testigo incómodo de los errores del sistema. El desenlace de este complejo caso no solo determinará el futuro de un hombre, sino que también sentará un precedente sobre los límites del poder de la fiscalía y la protección de los derechos humanos en el sistema judicial estadounidense.
Fuente original: Infobae