Una investigación periodística sacude la escena política peruana al revelar un presunto esquema de financiamiento irregular de partidos a través de descuentos aplicados directamente a los salarios de empleados del Congreso. Los informes apuntan a que Fuerza Popular, Perú Libre y Alianza para el Progreso habrían recibido más de 2.6 millones de soles (aproximadamente 700 mil dólares) mediante esta modalidad, que carecería de respaldo legal.
El sistema, expuesto por el programa «Punto Final», detalla cómo se orquestaron transferencias y pagos con cheques desde las cuentas del Parlamento entre 2022 y 2025. Según los registros obtenidos, Fuerza Popular habría sido el mayor beneficiario con más de 1.3 millones de soles, seguido por Perú Libre con 834 mil y Alianza para el Progreso con 459 mil. Estos montos provendrían de deducciones realizadas en las nóminas de trabajadores afiliados a dichas agrupaciones políticas.
La controversia se intensifica con las declaraciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de Perú, que sostiene que este tipo de descuentos no está amparado por la normativa vigente. En la misma línea, expertos laboralistas como Christian Sánchez han advertido que el procedimiento carece de cobertura legal y podría acarrear responsabilidades administrativas. Sánchez incluso cuestionó la voluntariedad de estos aportes, sugiriendo que la negativa a contribuir podría poner en riesgo la estabilidad laboral de los empleados.
La investigación también puso de manifiesto un notable aumento en la plantilla del Congreso, que pasó de 3.199 empleados en 2021 a 3.925 hasta mayo de 2026. Este incremento se da en paralelo a la revelación de un mecanismo de financiación que, según los especialistas, vulnera derechos laborales y utiliza recursos públicos de forma indebida para la gestión de fondos partidarios. La polémica abre interrogantes sobre la transparencia y legalidad del financiamiento político en el país vecino.
Fuente original: Infobae