Según un informe del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca), El Salvador registró un hacinamiento del 261% en sus cárceles al cierre de 2025. La tasa de presos alcanzó 1.963 privados de libertad por cada 100.000 habitantes, con 118.369 personas encarceladas, superando en 2,6 veces la capacidad efectiva del sistema.
El sistema penal del país fue diseñado para albergar a 30.864 personas, pero 103.837 están en cárceles comunes y 14.532 en la megacárcel Cecot, cuya capacidad nominal es de 40.000. Aunque el Cecot opera al 36% de su capacidad, el hacinamiento global persistiría en un 167% incluso si estuviera lleno.
El Idhuca alertó que el hacinamiento multiplica vulneraciones a derechos humanos, como riesgos a la salud, higiene y trato digno. Además, el régimen de excepción implementado en 2022 ha llevado a más de 92.300 detenciones por presunta vinculación con pandillas, con 6.400 denuncias de violaciones a derechos humanos y al menos 500 muertes en custodia estatal.
Organizaciones no gubernamentales destacaron en 2025 que El Salvador tenía la tasa de presos más alta del mundo, con 1.824 privados de libertad por cada 100.000 habitantes. El informe del Idhuca subrayó que el problema no es coyuntural ni solucionable solo con infraestructura penitenciaria.
La situación refleja una crisis estructural en el sistema de justicia y reclusión, que exige reformas profundas para garantizar derechos fundamentales y evitar el colapso de las instituciones.