El debate en torno al presupuesto universitario volvió a iluminar uno de los rasgos más arraigados de la cultura política argentina: la incapacidad —o la falta de voluntad— para acatar las leyes una vez que estas fueron votadas y promulgadas, aun cuando no se comparta su contenido.
Más allá de las marchas, las tensiones entre el Ejecutivo y la oposición, y los números en disputa, lo que quedó nuevamente al descubierto no es solo una pelea presupuestaria. Es algo bastante más estructural: la relación que el poder político en la Argentina tiene con el Estado de derecho.
El Congreso aprobó una ley que fija partidas específicas para las universidades nacionales. La norma contó con el respaldo de una mayoría opositora, y el Gobierno dejó en claro desde el principio que no la compartía. Hasta ahí, todo dentro de los márgenes normales de cualquier democracia: que un gobierno esté en desacuerdo con una ley sancionada por el Parlamento no es ningún escándalo.
El problema aparece en el paso siguiente: cuando ese desacuerdo se convierte en desobediencia.
El Poder Ejecutivo no tiene entre sus atribuciones la de elegir qué leyes cumplir según su afinidad ideológica con cada una. Está obligado institucionalmente a aplicarlas todas. Y si considera que alguna es incorrecta o perjudicial, el camino legítimo no pasa por el bloqueo administrativo ni por dilatar los tiempos en sede judicial. Pasa por la política: construir acuerdos, sumar diputados, negociar con las provincias, lograr nuevas mayorías. En una palabra: gobernar.
Sin embargo, en la Argentina el circuito habitual es otro. Los conflictos que deberían resolverse en el ámbito político terminan, una y otra vez, en los tribunales. El financiamiento universitario es apenas uno de los capítulos más recientes de una saga que incluye provincias que demandan a la Nación por fondos previsionales, municipios que reclaman compromisos incumplidos, obras paralizadas y acuerdos que se evaporan según cambia el viento político.
El resultado es que la Corte Suprema funciona, cada vez más, como árbitro de última instancia de disputas que la política no supo —o no quiso— resolver por sus propios medios.
Y ahí se abre un segundo problema, quizás todavía más serio: la credibilidad del país hacia afuera.
Suele preguntarse por qué la Argentina tiene tantas dificultades para atraer inversiones, por qué el acceso al crédito internacional es tan difícil y costoso, por qué los mercados mantienen sus reservas incluso cuando algunos indicadores económicos mejoran. Una parte importante de la respuesta está en esto: en la percepción generalizada de que las reglas de juego son volátiles y de que los compromisos asumidos por un gobierno pueden ser revisados, reinterpretados o directamente ignorados por el siguiente.
La inseguridad jurídica no es un concepto que manejan solo los economistas o los grandes empresarios. Tiene efectos muy concretos en la vida cotidiana. Cuando un inversor extranjero exige que sus contratos queden bajo jurisdicción de tribunales de Nueva York o Londres en lugar de la justicia argentina, no está siendo caprichoso: está siendo racional frente a una desconfianza que se acumuló durante décadas.
El caso YPF, que se dirime en cortes de Estados Unidos, es quizás el ejemplo más elocuente y visible de esa lógica. Pero está lejos de ser el único. La Argentina tiene una larga historia de firmar compromisos que luego busca reinterpretar o modificar cuando las circunstancias políticas o económicas aprietan.
Esa dinámica tiene un costo enorme: carcome la confianza interna, destruye la previsibilidad y debilita la autoridad de las propias instituciones.
Lo más llamativo, y tal vez lo más preocupante, es que esta tendencia no reconoce color político. Pasaron por el poder gobiernos de signo muy diferente, con discursos opuestos y prioridades distintas. Lo que persiste, más allá de las gestiones, es la misma lógica de fondo: la ley vale mientras convenga, y cuando deja de convenir se busca la forma de esquivarla.
El saldo es un país donde demasiados conflictos terminan judicializados porque antes fracasó la política. Y donde la Justicia, además, llega a ese rol de árbitro cargando con sus propias dudas de credibilidad e imparcialidad. Un círculo vicioso que, si no se rompe, seguirá pasando la factura.
Fuente original: Cadena 3