El abogado Alejandro Carranza Cepeda, representante legal del presidente colombiano Gustavo Petro, confirmó que la defensa presidencial se incorporó formalmente a la acción de tutela que tramita el Consejo de Estado contra una medida cautelar dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Dicha medida le ordenó al mandatario rectificar sus declaraciones sobre supuestas irregularidades en el sistema electoral colombiano y abstenerse de hacer afirmaciones similares de cara a las elecciones de 2026.
La tutela había sido impulsada originalmente por los senadores Esmeralda Hernández y Wilson Arias, y apunta a frenar lo que la defensa de Petro califica como un caso de «censura previa». Carranza lo expresó con claridad a través de sus redes sociales: la medida fue solicitada por la Procuraduría General de la Nación, el organismo que en teoría debe velar por los derechos humanos y la libertad de expresión en el país. «Silenciar al presidente no es regular una expresión», sostuvo el letrado.
El 12 de mayo de 2026, la defensa presentó ante el Consejo de Estado un memorial en el que argumenta que Petro es destinatario directo del auto 146 del 10 de abril de 2026, mediante el cual el tribunal cundinamarqués le impuso las restricciones cuestionadas. En ese documento, los abogados del mandatario sostienen que las publicaciones que el presidente realizó entre julio y octubre de 2025 no fueron invenciones ni acusaciones sin respaldo, sino que se basaron en fuentes y documentos oficiales preexistentes.
Entre los respaldos citados se destaca una sentencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado del 8 de febrero de 2018, que declaró parcialmente nula la elección del Senado para el período 2014-2018 luego de detectar fallas en el software de escrutinios que habrían afectado más de 236.000 votos del movimiento MIRA. También se menciona el Acta N° 0021 del 9 de octubre de 2023, rubricada por auditores de sistemas de partidos como el Pacto Histórico, el Centro Democrático, la Unión Patriótica y Dignidad y Compromiso, en la que se concluyó que no existen garantías de que el software presentado sea el mismo que se usa el día de los comicios.
A esto se suma que en julio de 2025 el propio Ministerio del Interior reconoció que las entidades responsables habían cumplido solo parcialmente con lo ordenado en aquella sentencia de 2018. Y el registrador nacional Hernán Penagos, en declaraciones a Revista Semana, admitió que el software electoral en uso es el mismo que viene funcionando desde hace tres décadas.
El escrito también incorpora reportes de la Misión de Observación Electoral (MOE) que dan cuenta de inconsistencias en formularios electorales detectadas en municipios como Acandí, en el Chocó, y Pereira, en Risaralda.
El origen del conflicto judicial se remonta a una acción popular presentada por el abogado Ramiro Bejarano Guzmán contra la Presidencia de la República, en la que argumentó que las publicaciones de Petro afectaban derechos colectivos vinculados a la moralidad administrativa y la transparencia electoral. Fue a partir de esa acción que el Tribunal de Cundinamarca emitió, el 10 de abril de 2026, la polémica medida cautelar que hoy se encuentra bajo la lupa del Consejo de Estado.
Fuente original: Infobae