El índice de inflación de abril trajo algo de alivio para la economía argentina. Luego de meses en que la desaceleración parecía haberse estancado, el gobierno finalmente pudo mostrar un número más alentador. Sin embargo, celebrar este dato como si fuera el final del camino sería un error importante.
Para entender el presente, hay que recordar lo que pasó el año pasado: la inflación volvió a trepar empujada por una combinación de factores. La incertidumbre electoral, las dudas sobre la solidez del programa económico y las tensiones cambiarias deterioraron las expectativas. Y en Argentina, las expectativas tienen un peso enorme sobre la dinámica de precios.
Hoy esa incertidumbre no desapareció, simplemente mutó. Ya no gira tanto en torno al calendario electoral, sino que se alimenta de tensiones internas dentro del propio gobierno: conflictos políticos, dificultades para tomar decisiones y sospechas de corrupción que van corroyendo la confianza de la sociedad.
Más allá de la coyuntura, hay algo estructural que merece atención. El propio Javier Milei reconoció que los procesos de desinflación pueden llevar entre siete y doce años. Esa admisión choca de frente con las promesas iniciales de alcanzar una inflación prácticamente nula en el corto plazo.
Vale aclarar que casi ningún país del mundo tiene inflación cero. Las economías estables conviven con subas anuales del 1%, 2% o 3%, que responden a ajustes normales de precios. Aspirar a eliminar completamente la inflación no solo es poco viable, sino que refleja una comprensión incompleta del fenómeno.
El problema argentino, además, tiene raíces más profundas. Subsisten restricciones estructurales que este gobierno todavía no tocó: un sistema impositivo distorsivo, un régimen jubilatorio deficitario, un mercado financiero pequeño y costoso, y una maraña de regulaciones que traban el funcionamiento normal de la economía. Todo ese andamiaje genera un piso inflacionario difícil de perforar sin reformas de fondo.
El gobierno habla de reformas estructurales de manera constante, pero muchas siguen siendo más anuncios que transformaciones reales. Las reformas verdaderas —las que modifican las reglas de juego de manera permanente— requieren leyes, consensos políticos y mayorías sólidas. Los decretos y las declaraciones no alcanzan. La experiencia internacional lo confirma.
Un caso paradigmático es el Banco Central. Ningún país logró estabilizar su moneda de manera duradera sin una autoridad monetaria genuinamente independiente. El BCRA, hasta hoy, sigue subordinado políticamente al Poder Ejecutivo.
Por eso, el buen dato de abril debe leerse con mesura. En el mejor escenario, Argentina está recuperando el sendero que tenía antes de la aceleración inflacionaria del año pasado. No hay ninguna solución definitiva a la vista.
También preocupa la narrativa que el presidente elige para explicar los tropiezos económicos. Milei volvió a aludir a intentos de desestabilización y hasta a golpes institucionales detrás de ciertos movimientos del mercado. Si esa es su convicción genuina, debería canalizarla por las vías formales correspondientes. Si no lo es, se trata de una lectura que distorsiona problemas que tienen más que ver con falencias propias que con conspiraciones externas.
Por último, hay una cuestión de fondo que atraviesa todo el debate económico: la relación de Milei con la crítica. El presidente parece operar desde la certeza de poseer una verdad absoluta sobre la economía. Cuando alguien cuestiona sus diagnósticos o sus herramientas, la respuesta habitual es la descalificación o el enojo. Eso es un problema, porque ninguna disciplina —ni la economía ni ninguna otra— avanza sin debate genuino y apertura a la revisión.
Fuente original: Cadena 3