El Cottolengo Don Orione de Claypole, que alberga a 400 personas con discapacidad, sigue sin recibir los pagos adeudados por el gobierno nacional, según informes de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA). El conflicto, que se prolonga desde hace más de un año, pone en riesgo la operación de instituciones confesionales que dependen de los fondos públicos.
Tras una reunión con autoridades de la Agencia Nacional de Discapacidad, las promesas de regularización de pagos y firma de nuevos convenios permanecen incumplidas. El obispo auxiliar de San Isidro, Raúl Pizarro, destacó que el gobierno no ha cumplido con los compromisos asumidos, como la liberación de adeudamientos acumulados.
El representante de las instituciones, el padre Pablo Molero, trabaja en una mesa de trabajo permanente para agilizar los pagos, pero enfrenta dificultades con desvíos de recursos en algunas provincias. En Buenos Aires y Tucumán, las provincias asisten a las instituciones con alimentos y medicamentos, a pesar de sus limitaciones.
Katherine Gómez, trabajadora del Cottolengo, alertó que la falta de medicación anticonvulsivos y antipsicóticos pone en riesgo la salud de los residentes. El espacio depende de donaciones y obras sociales, pero los insumos básicos como pañales escasean.
La tensión crece con las declaraciones del gobierno sobre ajustes presupuestarios. La Conferencia Episcopal exige cumplir con los compromisos, mientras el Cottolengo enfrenta una crisis que amenaza su capacidad de atención. El caso refleja un desafío institucional y político para el oficialismo.