La Justicia Federal de Salta ha dictado severas condenas para cinco integrantes de una red narcocriminal que se dedicaba al transporte de estupefacientes desde Salta con destino a Tucumán. La investigación que permitió desbaratar esta organización se inició en septiembre de 2024, cuando efectivos de Gendarmería Nacional lograron interceptar un cargamento de más de 23 kilos de marihuana que iba oculto en un vehículo en la Ruta Nacional 68, a la altura de Cafayate.
Las sentencias, comunicadas el 9 de octubre, establecieron penas significativas. Alejo Ricardo Silva fue condenado a 7 años de prisión, mientras que Emilio Alejandro Tapia recibió 6 años y 6 meses. Luciano Cancino y Mara Antonella Di Bez fueron sentenciados a 6 años de prisión, con la particularidad de que Di Bez cumplirá su pena bajo la modalidad de arresto domiciliario. Además, Luis Benjamín Vicente obtuvo 3 años de prisión de ejecución condicional, al ser considerado partícipe secundario del delito. Con estas resoluciones, ya suman seis los condenados en la causa, incluyendo a Enzo Javier Gutiérrez, quien previamente había recibido una pena de 4 años de prisión domiciliaria.
El operativo clave tuvo lugar en la madrugada del 14 de septiembre de 2024. Gendarmería detuvo un Renault Logan que circulaba por la Ruta 68. Este vehículo, según se constató en el juicio, operaba como «coche puntero», es decir, viajaba por delante de otro Renault Logan alquilado que transportaba la droga. La coordinación entre ambos vehículos, el horario inusual de circulación y la presencia de equipos de comunicación portátiles en ambos autos levantaron sospechas entre los agentes. Durante la inspección, se encontró una bolsa de arpillera en el baúl del segundo rodado, conteniendo los más de 23 kilos de marihuana.
Durante el debate judicial, el Ministerio Público Fiscal detalló el rol de cada involucrado. Alejo Ricardo Silva fue identificado como el líder de la organización, responsable de financiar la adquisición de la marihuana. Gutiérrez y Tapia aportaron los vehículos para el traslado, mientras que Di Bez y Cancino tuvieron una participación activa en la planificación. Se señaló que todos los implicados residían en el barrio Santa Ana de la ciudad de Salta y buscaban obtener grandes ganancias. La fiscalía estimó que el cargamento incautado podría haber generado cerca de 55 mil dosis de marihuana en el mercado ilegal.
Un aspecto relevante del juicio fue el rechazo a un pedido de reducción de pena presentado por uno de los acusados que intentó acogerse a la figura del imputado colaborador. El tribunal consideró que la información aportada no fue lo suficientemente «concreta y determinada» para justificar el beneficio, ya que no reveló datos que la investigación desconociera o no pudiera verificar por sus propios medios. Los jueces enfatizaron la importancia de la calidad de la colaboración para la aplicación de este tipo de beneficios procesales.
Fuente original: El Tribuno
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