En un avance significativo para la inclusión y los derechos, el proyecto de ley de fortalecimiento de la atención a la discapacidad obtuvo dictamen favorable este miércoles en un plenario de comisiones del Senado. Esta aprobación en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano habilita la iniciativa para ser tratada en el recinto de la Cámara alta, lo que podría suceder en las próximas semanas.
Lo destacable de este dictamen es el inusual consenso político que logró. Senadores de La Libertad Avanza, la Unión Cívica Radical, el PRO, sectores del peronismo disidente, fuerzas provinciales e incluso representantes del kirchnerismo unieron fuerzas para respaldar la propuesta. Este amplio apoyo sugiere una alta probabilidad de su sanción definitiva, sin necesidad de que regrese a Diputados, ya que el texto es el mismo que ya había recibido media sanción.
La iniciativa, que se propone como la Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, busca reemplazar el actual esquema de emergencia por un régimen de orden público y carácter permanente. Su objetivo primordial es asegurar la continuidad de los beneficios y las prestaciones esenciales para las personas con discapacidad en Argentina. Esto incluye mantener las pensiones no contributivas, equivalentes al 70% del haber jubilatorio mínimo, y permitir su compatibilidad con empleos formales o el monotributo para quienes posean Certificado Único de Discapacidad (CUD), siempre que sus ingresos no superen dos salarios mínimos.
Además, la propuesta garantiza la cobertura sanitaria a través de un programa médico que asegura las prestaciones básicas de la Ley 24.901, incluyendo la continuidad de la atención mediante Incluir Salud. Un punto crucial es la actualización automática y periódica de los aranceles y el nomenclador único de prestaciones, vinculada al Índice de Movilidad Jubilatoria y al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Para su financiamiento, se contemplan partidas específicas del Ministerio de Salud y compensaciones del Tesoro, asegurando que la asignación presupuestaria no sea inferior, en términos reales, a la del ejercicio anterior. El proyecto también incorpora auditorías periódicas y garantiza un debido proceso inclusivo para cualquier suspensión de beneficios, con un plazo de 60 días para la presentación de descargos.
Fuente original: La Gaceta
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