La Justicia entrerriana dictaminó una severa pena de 14 años de prisión efectiva para César Cepeda, un hombre acusado de abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual simple agravado. Los hechos que lo llevaron al banquillo ocurrieron en la localidad de Lucas González, departamento Nogoyá, y afectaron a dos menores que se encontraban bajo su cuidado, dada la existencia de un vínculo familiar.
El fallo fue emitido por el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay, Dardo Tórtul, quien además ordenó que Cepeda continúe bajo prisión preventiva en la Unidad Penal N° 5 de Victoria hasta que la sentencia adquiera firmeza. La condena impuesta corresponde a la pena máxima prevista para los delitos imputados, considerando la agravante de que el acusado era el encargado de la guarda de las víctimas, quienes, según fuentes judiciales, serían familiares directos.
El proceso judicial se llevó a cabo bajo la modalidad de juicio por jurados, una herramienta implementada en la provincia de Entre Ríos a través de la Ley Provincial N° 10.746. Tras analizar las pruebas presentadas y escuchar los testimonios, el jurado popular declaró culpable al imputado. El debate oral se realizó a puertas cerradas, una medida adoptada para resguardar la intimidad de las víctimas, en cumplimiento con la legislación vigente para delitos contra la integridad sexual.
Este caso contrasta con una situación similar ocurrida recientemente en Calchaquí, provincia de Santa Fe, donde un hombre de 23 años recibió una condena de seis años y ocho meses de prisión por el abuso sexual de una niña de su entorno familiar. Si bien ambos casos involucran el abuso de menores en el ámbito familiar, las sentencias evidencian diferencias sustanciales en las respuestas judiciales.
Ante episodios de abuso sexual infantil, es fundamental recordar que existen recursos de apoyo. La Línea 137 ofrece asistencia gratuita y confidencial para denunciar situaciones de violencia familiar y delitos contra la integridad sexual en todo el país. La intervención temprana de la comunidad educativa y la coordinación entre los organismos judiciales y sociales son esenciales para garantizar la protección de niñas, niños y adolescentes.
Fuente original: Infobae