Estudiantes del Centro Universitario Devoto (CUD), dependiente de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que fueron trasladados desde el penal de Devoto a Marcos Paz y luego a Ezeiza, denunciaron que sus derechos fundamentales están siendo vulnerados de manera sistemática. Aseguran estar inmersos en un «plan sistemático de tortura» dentro de los Complejos Penitenciarios Federales 1 y 4 de Mujeres, donde se ubica el espacio educativo.
Las acusaciones son graves: los alumnos afirman estar aislados de sus compañeros del Centro Universitario Ezeiza (CUE), se les impide interactuar y son sometidos a requisas agresivas por parte del personal del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Además, reportan haber sufrido torturas físicas y psicológicas, robo de encomiendas enviadas por sus familiares e incluso la «plantación» de drogas para armarles causas internas, práctica que, según los denunciantes, se dirige especialmente a miembros de la comunidad judía, quienes son perseguidos constantemente.
Estos traslados intempestivos se ejecutaron, según los estudiantes, tras un acuerdo entre los gobiernos de Jorge Macri y Javier Milei. La situación se agrava con la Resolución 372/25, que prohibió el funcionamiento de los centros de estudiantes en todas las cárceles federales. Los docentes de Derecho y Economía ya habrían dejado de ingresar a los penales debido a la agresividad y las condiciones de requisa, poniendo en riesgo la continuidad de las cursadas presenciales y la pérdida inminente de cuatrimestres académicos.
La denuncia no solo apunta a las condiciones actuales, sino que también resalta el impacto de políticas anteriores, como el Sistema Integral de Gestión de Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo (SIGPPLAR) implementado por la exministra Patricia Bullrich, que es descrito como un sistema de «tortura permanente» con aislamiento, prohibición de lectura, escritura y culto religioso, y visitas a través de un vidrio. Ante esta situación, los estudiantes y sus familiares han presentado habeas corpus y reclaman una «intervención internacional urgente en materia de Derechos Humanos», advirtiendo que lo que sucede «afecta en forma directa al sistema democrático argentino y la sociedad en su conjunto».
En paralelo a estas graves denuncias, persiste el debate sobre el destino del predio del penal de Devoto. Mientras el Gobierno de la Ciudad impulsa un proyecto inmobiliario, organizaciones sociales, abogados y la militancia exigen que todo el lugar sea declarado Sitio de Memoria. Este reclamo se fundamenta en hechos históricos como la «Masacre del Pabellón Séptimo» de 1978, donde 65 detenidos perdieron la vida, y el «Devotazo» de 1973, cuando una multitud exigió la liberación de presos políticos, marcando la rica historia de este centenario penal.
Fuente original: Chaco Día por Día
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