Una propuesta presentada por el partido político Más Madrid generó un fuerte debate en la capital española. La formación de izquierda solicitó formalmente que se prohíba de manera explícita la predicación religiosa, el proselitismo y la evangelización dentro de los trenes y las instalaciones del Metro de Madrid, incluyendo andenes y vestíbulos.
Según la Proposición No de Ley, a la que tuvo acceso la prensa local, en los últimos tiempos se ha observado una creciente proliferación de actividades organizadas dentro del sistema de transporte subterráneo, donde se difunden verbalmente «mensajes de carácter religioso» dirigidos a los pasajeros. Más Madrid argumenta que, si bien la libertad religiosa y de expresión son derechos fundamentales, su ejercicio en espacios públicos debe ser modulado, especialmente cuando entra en conflicto con el derecho a la intimidad y al descanso de los usuarios en un habitáculo cerrado y en movimiento, donde se encuentran en una situación de «cautividad temporal».
La iniciativa pone el foco en el actual Reglamento de Viajeros de Ferrocarril Metropolitano de Madrid, que data de 1987 y no contempla específicamente las actividades de «difusión religiosa no autorizada». Por ello, el partido busca que se actualice este reglamento para incluir una cláusula que defina al transporte público como un espacio de uso funcional y no evangelizador. Además, se enfatiza que la regulación debería ser neutral respecto al contenido de los mensajes, aplicándose sin distinción de su carácter religioso.
Más Madrid aspira a conseguir el consenso de la Asamblea de Madrid para instar al Gobierno regional a incorporar de forma expresa un apartado que no solo prohíba, sino que también tipifique como infracción cualquier actividad de proselitismo religioso o evangelización activa dirigida a los usuarios. Asimismo, la propuesta incluye el desarrollo de protocolos claros de actuación para el personal del Metro, con el fin de que puedan identificar estas conductas y actuar de forma proporcionada y respetuosa. También se plantea la necesidad de lanzar campañas informativas para los usuarios sobre sus derechos y las normas de convivencia en el transporte público, evaluando periódicamente el impacto de estas medidas en la calidad del servicio y el bienestar de los pasajeros.
Fuente original: Infobae