Venezuela atraviesa una profunda crisis económica, con el bolívar registrando una alarmante depreciación del 45% frente al dólar estadounidense en lo que va de 2026. Esta caída brutal de la moneda nacional se traduce directamente en un deterioro constante del poder adquisitivo de los ciudadanos, quienes ven cómo sus ingresos se vuelven insuficientes para cubrir las necesidades más básicas.
Según los datos del Banco Central de Venezuela (BCV), la divisa norteamericana, que rige la mayoría de los precios en el país, alcanzó los 549,37 bolívares el último viernes de mayo, marcando un incremento del 82,2% desde enero. Solo en mayo, el dólar subió un 12,2%, llevando la inflación acumulada entre enero y abril a un preocupante 90%. Este escenario de hiperinflación golpea duramente a todos los sectores, pero especialmente a los trabajadores públicos y, de manera crítica, a los jubilados y pensionados.
La situación de los adultos mayores es desesperante. El salario mínimo y las pensiones se mantienen congelados en 130 bolívares desde 2022, un monto que hoy equivale a apenas 23 centavos de dólar. Esta cifra irrisoria no alcanza ni para el transporte público, como lo relató Carlos Gallego, un jubilado de 65 años, quien explicó que el pasaje de colectivo cuesta 100 bolívares, dejando a los pensionados prácticamente sin dinero tras un solo viaje.
Ante la presión social y la imposibilidad de vivir con esos ingresos, el gobierno chavista ha optado por otorgar bonificaciones adicionales en dólares. A fines de abril, la vicepresidenta Delcy Rodríguez anunció un aumento de bonos a 240 dólares para trabajadores y 70 dólares para pensionados. Sin embargo, esta medida ha generado un fuerte rechazo en los sindicatos y entre los propios afectados, ya que estos bonos no se incorporan al cálculo de beneficios laborales esenciales como vacaciones o prestaciones sociales, perpetuando la precarización.
En este contexto, cientos de jubilados y pensionados salieron a las calles de Caracas para reclamar ingresos dignos que les permitan acceder a alimentos y medicamentos. Las protestas, que se repiten con frecuencia, buscan visibilizar la grave vulnerabilidad de más de 365.000 adultos mayores, según cifras oficiales. «Cada vez que salimos a la calle la respuesta del Gobierno es la represión. Hoy queremos demostrarle a este régimen que los adultos mayores tenemos la fuerza para seguir en la calle», afirmó Carmen Laya, una jubilada manifestante, reflejando la determinación de un sector de la población que se niega a rendirse ante la adversidad.
Fuente original: Infobae