El ex juez federal Marcelo Bailaque enfrenta un nuevo golpe judicial tras la confesión del contador Gabriel Mizzau, quien aceptó su culpabilidad y se convirtió en colaborador en la causa que investiga una trama de corrupción, lavado de dinero y protección judicial al narcotraficante Esteban Alvarado. La admisión de Mizzau, bajo el artículo 41 ter del Código Penal, permitirá reducir su pena a cambio de información clave para la investigación.
El fiscal Diego Iglesias destacó que Mizzau aportó datos patrimoniales relevantes, reconoció los hechos y cerró la discusión sobre su responsabilidad penal. Esta colaboración acelera el proceso contra Bailaque, que enfrenta acusaciones de haber frenado investigaciones contra Alvarado mientras mantenía vínculos con el narcotraficante.
Según el expediente, Bailaque bloqueó medidas decisivas en dos casos federales contra Alvarado, incluyendo rechazos a intervenciones telefónicas y demoras en resoluciones de la fiscalía. Estas decisiones, según los fiscales, paralizaron investigaciones clave sobre una organización criminal ligada al narcotráfico y lavado de activos.
Mizzau, por su parte, fue acusado de lavado de activos por trabajar como contador de empresas vinculadas a Alvarado, como Logística Santino SRL y Sagrado Corazón de María SRL. Su relación con Bailaque, que incluye la gestión de cuentas personales del ex juez, se presenta como un núcleo central del caso.
Con la incorporación de Mizzau, tres imputados han colaborado en contra de Bailaque, incluyendo al ex titular de AFIP Carlos Vaudagna y al financista Fernando Whpei. La fiscalía sostiene que el ex juez permitió movimientos de dinero de una cooperativa portuaria hacia una mutual controlada por el Grupo Unión, pese a que los fondos provenían de una causa por lavado.
Ahora, con tres colaboradores declarando en su contra y la acusación formalizada, Bailaque se enfrenta al juicio oral en una causa que expone el nivel de contaminación en la justicia federal rosarina durante el auge del narcotráfico. El caso plantea preguntas sobre la integridad del sistema judicial y la necesidad de reformas para evitar futuras corrupciones.