Un jurado federal del sur de Florida encontró culpable a Brett Blackman, de 42 años, dueño y máximo responsable de la firma HealthSplash, de encabezar una megaestafa contra Medicare y otros programas federales de salud. El monto total de las facturas fraudulentas superó los USD 1.000 millones, mientras que el dinero efectivamente cobrado al Estado rondó los USD 450 millones.
El mecanismo del fraude era sofisticado: Blackman articuló una red que combinaba call centers en el exterior, campañas de correo masivo y una plataforma de telemedicina propia llamada DMERx, diseñada específicamente para generar recetas y órdenes médicas con firma digital. El blanco de la operación eran adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad, a quienes se los convencía de aceptar férulas ortopédicas y otros dispositivos médicos que jamás habían sido indicados por razones clínicas reales.
El punto más oscuro del esquema era la participación de médicos que firmaban esas órdenes sin haber revisado ni siquiera hablado con los pacientes. Un operativo encubierto confirmó que el contacto entre profesionales y beneficiarios era inexistente. Con esa documentación falsa en mano, farmacias y proveedores de equipos médicos presentaban los cobros ante Medicare como si fueran prestaciones legítimas.
Blackman y su entorno funcionaban como intermediarios, conectando a estas empresas con compañías de telemedicina dispuestas a firmar las órdenes a cambio de pagos ilegales. Por cada operación gestionada, los organizadores del esquema se quedaban con una comisión.
El fiscal general interino Todd Blanche no fue nada sutil al calificar el caso: lo definió como «uno de los fraudes más aberrantes en la historia de Florida» y aseguró que se trató de un robo premeditado y a gran escala dirigido contra personas enfermas y ancianas. «No vamos a parar hasta que cada uno de los responsables responda ante la justicia», afirmó.
Blackman fue hallado culpable de conspiración para cometer fraude sanitario y electrónico, de pagar y recibir coimas en el sector salud, y de presentar declaraciones falsas vinculadas a servicios médicos. La sentencia está prevista para el 26 de agosto de 2026 y podría implicar hasta 20 años de cárcel por los cargos principales, más cinco años adicionales por los delitos de corrupción y falsedad documental.
No fue el único condenado. Gary Cox, codirector ejecutivo de DMERx y coimputado en la causa, ya había recibido en junio de 2025 una condena de 15 años de prisión.
El caso se enmarca en una ofensiva federal más amplia contra el fraude en el sistema de salud. El Departamento de Justicia anunció en abril de 2026 la creación de una división específica para investigar y perseguir este tipo de delitos. En paralelo, el presidente Donald Trump impulsó la formación de un grupo de trabajo presidido por el vicepresidente JD Vance, orientado a detectar y eliminar irregularidades en los programas federales de asistencia social.
La magnitud del caso Blackman no es un hecho aislado. Según reportó CBS News, solo en el condado de Los Ángeles más de 700 de los aproximadamente 1.800 hospicios relevados presentaron indicios de irregularidades, lo que da cuenta de la escala del problema a nivel nacional.
Fuente original: Infobae