El vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo Abondano, celebró la reciente decisión judicial que detuvo un controvertido proceso de contratación para nuevos escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP), valorado en más de 78.000 millones de pesos colombianos. La medida, dictada por el juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira, se produjo luego de la presentación de varias acciones legales y alertas emitidas por el equipo de transición del presidente electo, Abelardo de la Espriella.
Restrepo Abondano, quien lidera el equipo de empalme anticorrupción del nuevo gobierno, manifestó su satisfacción, señalando que este logro es “el resultado de un proceso serio, riguroso y vigilante para proteger los recursos de todos los colombianos”. Destacó que las advertencias presentadas fueron clave para la intervención de las instituciones competentes y el control de los órganos estatales, enfatizando que “así es como se defienden los recursos públicos: con transparencia, control y absoluto respeto por la ley”.
La suspensión de la licitación responde a medidas provisionales solicitadas en las tutelas, argumentando que el proceso había sido modificado de manera “injustificada”. Se señaló que la cobertura se restringió a ciertas zonas, excluyendo a otras, lo que podría generar riesgos laborales y un trato discriminatorio para los escoltas afectados. Esta decisión se enmarca en un contexto de fuertes cuestionamientos sobre la gestión y los nombramientos realizados por el gobierno saliente, que ha provisto más de 5.000 cargos en sus últimos meses.
Además de esta contratación, el equipo de Restrepo también había manifestado su preocupación a finales de junio por el Decreto 0670 de 2026, emitido por el gobierno de Gustavo Petro. Dicho decreto habilita cambios en los requisitos para el nombramiento de oficiales de protección de la UNP, lo que, según el vicepresidente electo, podría alterar los esquemas de seguridad del nuevo presidente y de altos funcionarios. Restrepo solicitó al director de la entidad, Augusto Rodríguez Ballesteros, suspender de inmediato estos nombramientos hasta la asunción de Abelardo de la Espriella el próximo 7 de agosto, subrayando la importancia de que las decisiones sobre seguridad presidencial se tomen con estricto apego a la Constitución y la ley, sin precipitaciones en el período de transición.
Fuente original: Infobae