Una fuerte polémica se desató en Colombia luego de que la gobernadora del departamento del Magdalena, Margarita Guerra, arremetiera públicamente contra el sistema penitenciario de su país. La funcionaria denunció que dos peligrosos líderes criminales, conocidos por sus alias «Robinsito» y «el Negro Ober», seguirían dirigiendo operaciones delictivas, incluyendo extorsiones y homicidios, desde una misma prisión.
La gobernadora utilizó sus redes sociales para expresar su indignación, calificando la situación de «vergüenza nacional». Guerra cuestionó duramente al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) por permitir que estos delincuentes de alta peligrosidad compartan el mismo espacio de reclusión, desde donde, según sus palabras, «continúan sembrando terror» en el municipio de Fundación. «Cada extorsión, cada homicidio y cada amenaza que golpea a Fundación tiene responsables materiales, pero también responsables por omisión dentro de un sistema penitenciario que perdió el control», sentenció.
Ante la gravedad de la situación y la aparente inacción del Inpec, que no logró separar a estos cabecillas, la gobernadora exigió una intervención inmediata y advirtió que las cárceles no pueden ser «cuarteles del crimen organizado». Subrayó que si desde los penales se siguen impartiendo órdenes criminales, el Estado está fallando en su obligación primordial de garantizar la seguridad ciudadana. «Basta de negligencia, basta de excusas y basta de permisividad», enfatizó.
Como medida urgente para contener la escalada de violencia y extorsiones en Fundación, Margarita Guerra informó que coordinó con el comandante de la Segunda Brigada del Ejército Nacional la militarización de toda la zona comercial del municipio. Esta acción busca reforzar la presencia de las fuerzas de seguridad y proteger a comerciantes y habitantes, mientras se intensifican las operaciones militares y policiales contra la estructura delictiva conocida como «Los Primos».
Fuente original: Infobae




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