El 20 de abril, Día Mundial de la Marihuana, se convierte en un punto de encuentro para movimientos que reclaman justicia y equidad en torno al cannabis. En Argentina, el tema trasciende el consumo para abordar desigualdades estructurales y la necesidad de un enfoque de derechos en las políticas públicas.
A pesar de avances como el Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN), que permite el autocultivo y acceso a derivados medicinales, persisten problemas de acceso equitativo y la discrecionalidad en controles. El mercado legal sigue fragmentado, con desigualdades en producción y acceso a productos estandarizados.
Las redes comunitarias y organizaciones cannábicas cubren demandas que el Estado no satisface, generando una paradoja: el derecho se reconoce, pero su ejercicio depende de recursos y capacidad organizativa. Paralelamente, el sistema penal mantiene lógicas punitivas que afectan especialmente a comunidades racializadas.
La cultura cannábica argentina se fortalece con iniciativas como la reunión internacional de Envolá en Ushuaia, mientras la sociedad civil presiona por cambios. A pesar de la hostilidad del gobierno, la Expo Cannabis se expande y figuras como Doña Huana cuestionan la cobertura mediática y las políticas actuales.
El 2 de mayo, organizaciones sociales convocan a marchas en todo el país, con una concentración en Plaza de Mayo. La demanda apunta a una nueva ley de drogas que termine con políticas obsoletas y racistas, marcando un paso hacia un futuro más justo y equitativo.

