El gobierno regional de Andalucía, en España, ha elevado un pedido formal al Ministerio de Justicia para acceder a información detallada sobre los agresores sexuales que se vieron favorecidos por la controvertida Ley del «solo sí es sí» dentro de su comunidad autónoma. La solicitud, impulsada por el vicepresidente segundo de la Junta andaluza, Manuel Gavira (Vox), busca arrojar luz sobre las consecuencias de la normativa.
Según trascendió desde la administración andaluza, el objetivo principal de esta petición es poder evaluar con precisión las necesidades actuales y futuras de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género (UVIVG) en la región. Gavira argumentó en su escrito, dirigido al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, la importancia de conocer la incidencia y evolución de los delitos contra la libertad sexual en Andalucía, así como sus particularidades territoriales y sociodemográficas.
El funcionario andaluz instó al Ministerio a especificar no solo la cantidad de personas condenadas por este tipo de delitos en Andalucía, sino también el número de hechos delictivos registrados, investigados, enjuiciados y que resultaron en condena. Hizo hincapié en la necesidad de diferenciar claramente entre la cifra de condenados y la de delitos, ya que son magnitudes distintas pero igualmente relevantes para una planificación adecuada de los recursos.
Además, la Junta de Andalucía manifestó interés en los efectos directos de la Ley Orgánica 10/2022, conocida popularmente como ley del «solo sí es sí». Por ello, se solicitó saber cuántos internos condenados por delitos contra la libertad sexual en el marco de la violencia de género, que cumplen condena en prisiones andaluzas, han visto sus penas revisadas y reducidas desde la entrada en vigencia de la norma.
Gavira enfatizó que esta iniciativa tiene una finalidad «exclusivamente estadística, de planificación y dimensionamiento de recursos públicos». El propósito es establecer una base objetiva para determinar los medios humanos y materiales que requieren las UVIVG de Andalucía, especialmente ante la expansión de la respuesta judicial especializada en casos de violencia sexual.
Fuente original: Infobae