El 23 de agosto de 2026, Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia, utilizó su cuenta oficial en X para dirigirse públicamente al ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora López, al Comandante General de las Fuerzas Militares, el mayor general Erik Rodríguez y al director general de la Policía Nacional, mayor general Alejandro Barrera.

En su mensaje, el mandatario denunció que la información recibida sobre el hurto de combustibles y crudo en el país alcanzó niveles críticos. Con base en datos citados por el presidente, cada mes se estarían robando cerca de 123.700 barriles de productos refinados, incluyendo gasolina, diésel y nafta, importados o producidos por Ecopetrol.

De la Espriella precisó que estas pérdidas se concentran, principalmente, en un poliducto de 14 pulgadas que conecta Pozos Colorados, en Santa Marta, con el interior del país. Los departamentos más afectados serían Cesar y Magdalena. “De mantenerse este ritmo, estaríamos hablando de más de 1,5 millones de barriles al año, con pérdidas superiores a $500.000 millones para Ecopetrol y, por tanto, para la Nación”, enfatizó el jefe de Estado.

El presidente advirtió que la gravedad del fenómeno aumenta por la presunta utilización de estos combustibles robados como insumos en el procesamiento ilícito de cocaína.

El mandatario solicitó determinar qué cantidad del combustible hurtado termina en manos de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y cuáles serían las estructuras responsables de su adquisición y transporte. De la Espriella describió la existencia de las llamadas “caravanas de la muerte”, compuestas por hasta 600 vehículos que movilizarían el combustible hurtado, muchos de ellos con destino al Catatumbo.

“Si confirmamos que gran parte de este combustible está alimentando los complejos de producción de cocaína, entonces no estamos solamente frente a un gigantesco robo a Ecopetrol: estamos frente a una cadena criminal que puede estar conectando el hurto de hidrocarburos con el narcotráfico y la financiación de organizaciones armadas terroristas”, declaró el presidente en su publicación.

La ofensiva ordenada exige la coordinación entre las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, Ecopetrol, la Fiscalía General de la Nación y otras autoridades competentes. De la Espriella solicitó una acción integral que no se limite a los autores materiales que perforan los ductos, sino que abarque a quienes financian, almacenan, transportan, escoltan y comercializan el combustible robado, así como a los destinatarios finales.

El presidente fue enfático al exigir inteligencia, control territorial, operaciones sostenidas, judicialización y extinción de dominio sobre los vehículos, predios y depósitos al servicio de estas organizaciones.

“Cada barril robado es patrimonio de los colombianos. Y si además está siendo utilizado para alimentar la producción de cocaína, estamos permitiendo que con recursos robados a la Nación se fortalezca la misma economía criminal que estamos combatiendo. Eso no va a continuar”, expresó el mandatario.

La instrucción presidencial tuvo respuesta inmediata por parte del ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora López, que aseguró que coordinará personalmente la estrategia del sector Defensa y la articulación de la fuerza pública con la Fiscalía, las estructuras de apoyo, la filial Cenit de Ecopetrol, el Ministerio de Minas y Energía y las autoridades nacionales y territoriales.

Mora López subrayó: “El esfuerzo no se limitará a quienes perforan los ductos” y recalcó que la operación incluirá inteligencia, control territorial, investigación criminal y seguimiento financiero para identificar y desmantelar toda la cadena criminal.

El ministro anticipó que se promoverá la judicialización de los responsables y la extinción de dominio de vehículos, predios y bienes usados por las redes ilegales. Mora López destacó que tanto el jefe de Estado como “el país recibirán informes periódicos sobre los avances” y remarcó que “cada barril recuperado es patrimonio protegido de los colombianos”.

Añadió que la fuerza pública actuará de manera conjunta, sostenida y con resultados verificables, y que se establecerán conexiones entre el hurto de hidrocarburos, el narcotráfico y la financiación de organizaciones armadas.

Fuente original: Infobae

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