El gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reafirmó su intención de avanzar con el proceso de destitución de la jueza Laura de Marinis, a pesar de que la Cámara Penal, Juvenil, Contravencional y de Faltas ya revocó su controvertido fallo. La magistrada había declarado la inconstitucionalidad de la baja de la edad de imputabilidad para un caso específico que involucraba a un adolescente de 14 años acusado de intento de robo, y lo había sobreseído.

La decisión judicial generó un fuerte repudio por parte de las autoridades porteñas. Gabino Tapia, ministro de Justicia de la Ciudad, calificó el accionar de la jueza como un «desastre» y anunció el pedido de enjuiciamiento. «Solicitamos un enjuiciamiento para que el Consejo de la Magistratura de la Ciudad evalúe si la jueza cumplió o no con la normativa. Si no lo hizo, debe haber consecuencias, que pueden ir desde un apercibimiento hasta la suspensión o la destitución», explicó Tapia en declaraciones radiales.

La polémica se desató cuando la jueza De Marinis sobreseyó al menor de 14 años, argumentando que la ley que establece la imputabilidad a esa edad era inconstitucional para ese caso puntual. La Cámara de Apelaciones, sin embargo, revirtió esa decisión el pasado viernes, dando un espaldarazo a la postura del gobierno porteño. Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad, fue contundente al respecto: «Un necesario freno al garantismo judicial. La ley está para cumplirse. Si quieren legislar, que vayan al Congreso», sentenció.

Por su parte, la jueza De Marinis defendió su actuación antes de que su fallo fuera revocado, negando que su intención fuera enviar un mensaje de impunidad. «Es fundamental entender que esto no es un mensaje de impunidad; la causa no se archivó y la investigación continúa», afirmó. Además, subrayó que la ley de imputabilidad sigue vigente y se aplica a los adolescentes de 16 años involucrados en el mismo hecho, diferenciando la situación particular del menor de 14 años que fue el foco de su resolución.

La disputa pone de manifiesto una profunda diferencia de criterios en el ámbito judicial y político sobre la aplicación de la ley penal juvenil y el concepto de garantismo. El Gobierno de la Ciudad insiste en que la destitución de la jueza sentaría un precedente sobre la obligatoriedad de cumplir la ley, mientras que la magistrada defiende su interpretación jurídica en un tema tan sensible.

Fuente original: Clarín