Un fuerte cruce político se desató en Tucumán a raíz de la solicitud del gobierno provincial, encabezado por Osvaldo Jaldo, de una significativa ampliación presupuestaria. Dirigentes de La Libertad Avanza (LLA) de la provincia, entre ellos el abogado José García Hamilton y el candidato a gobernador Lisandro Catalán, salieron a cuestionar duramente la medida, señalando un supuesto gasto excesivo y la persistencia de prácticas clientelares.

García Hamilton, quien fuera secretario de Legal y Administrativa del Ministerio de Economía de la Nación, expresó su total respaldo a Catalán a través de sus redes sociales. En su mensaje, enfatizó que Tucumán “merece otra cosa” y abogó por un “orden fiscal y político” que implique la reducción del gasto público y los tributos, así como la promoción de inversiones. Para el dirigente libertario, la actual propuesta no es más que “más de lo mismo: clientelismo y generación de pobreza”.

La controversia se centra en la petición de una ampliación presupuestaria que asciende a $1.32 billones, lo que representa cerca del 20% del presupuesto vigente. A esto se suma la solicitud de un crédito de hasta $100.000 millones destinado a obras de infraestructura. Catalán, por su parte, hizo hincapié en la necesidad de recortar el denominado “gasto político”, un punto recurrente en las críticas de la oposición.

La respuesta del oficialismo no se hizo esperar. El ministro de Economía y Producción de Tucumán, Daniel Abad, calificó las objeciones de la LLA como “ignorancia y mala intención”. Abad argumentó que la actualización de las partidas presupuestarias es una consecuencia directa del impacto de la inflación y una necesidad para mantener el funcionamiento del Estado provincial.

Sin embargo, los argumentos del ministro fueron rápidamente rebatidos por Nahuel Ríos, referente de la mesa técnica de Economía de LLA Tucumán. Ríos puso en tela de juicio la justificación inflacionaria, destacando que, con el nivel de gasto ejecutado hasta julio, al gasto corriente le faltarían entre $550.000 y $800.000 millones para finalizar el año, mientras que el gobierno está pidiendo $1.070.000 millones. Además, señaló que la brecha inflacionaria solo explicaría hasta un 18% más de gasto, y que el pedido actual implica un 23,5% más de gasto corriente sin un peso adicional para nuevas obras.

Fuente original: La Gaceta