Un intenso debate se desató en Argentina en torno a cómo reducir los elevados costos del transporte de mercaderías por vía fluvial. Por un lado, la Asociación Forestal Argentina (AFoA) propone una reforma profunda del régimen de cabotaje para permitir la entrada de buques y barcazas de países vecinos. Por otro, la Federación de Empresas Navieras Argentinas (FENA) sostiene que la raíz del problema no es la falta de capacidad, sino los altos costos internos que enfrentan las operaciones nacionales.

AFoA impulsa una flexibilización del Decreto-Ley 19.492 de 1944, que regula el cabotaje, con el objetivo de ampliar la oferta de transporte y, consecuentemente, reducir los costos para las economías regionales. La entidad ejemplifica esta disparidad señalando que trasladar una tonelada desde Clorinda hasta Rosario puede costar cerca de 100 dólares en camión, mientras que un recorrido similar por vía fluvial desde Asunción ronda los 25 dólares. Su propuesta incluye eliminar la reserva estricta de carga, los permisos especiales (conocidos como waivers) para bodegas extranjeras y los aranceles a la importación de remolcadores y barcazas.

FENA, por su parte, no niega los altos costos logísticos, pero atribuye el problema a lo que denomina el «costo argentino». La federación argumenta que las elevadas cargas laborales (que alcanzan el 38% en cargas sociales), la estructura tributaria y los costos portuarios hacen que las empresas argentinas sean menos competitivas. Como ejemplo, mencionan que la proforma operativa de un buque tipo Kamsarmax en puertos argentinos como San Martín o Timbúes asciende a unos 300.000 dólares, muy por encima de los 70.000 a 80.000 dólares en el sur de Brasil. También destacan la diferencia en costos de amarre, que en Argentina ascienden a 15.000 dólares frente a los 700 o 1.000 dólares en Montevideo.

Según FENA, una apertura indiscriminada del cabotaje, sin abordar primero estas distorsiones de costos, solo beneficiaría a los operadores extranjeros sin generar nuevas inversiones en la flota nacional. En lugar de una apertura inmediata, la federación propone crear una Mesa Nacional de Competitividad Logística, con la participación de todos los actores relevantes, para identificar y corregir las cargas fiscales, laborales, administrativas y operativas que encarecen el transporte por agua. El desacuerdo, entonces, no reside en la necesidad de bajar los costos, sino en el camino a seguir para lograrlo, una discusión crucial para el desarrollo de las economías regionales y la competitividad productiva del país.

Fuente original: Clarín