La reciente entrada en vigencia de la Ley 27.801, que establece un nuevo Régimen Penal Juvenil, ha generado un importante debate en Chaco. Esta normativa amplía el alcance del sistema penal a adolescentes de entre 14 y 18 años, y desde el Comité contra la Tortura del Chaco, su comisionado Roberto Sotelo, advirtió sobre el desafío crucial de garantizar un abordaje especializado sin replicar los graves problemas de hacinamiento que ya padecen las cárceles de adultos en la provincia.

Sotelo enfatizó que uno de los pilares de este nuevo régimen es la especialización. La propia ley exige que jueces, fiscales, defensores y organismos intervinientes cuenten con capacitación específica en materia penal juvenil. Además, el personal de los institutos especializados debe estar formado para trabajar exclusivamente con adolescentes, sin tener contacto con personas adultas privadas de libertad. Si bien Chaco cuenta con la Ley 2951-N, considerada de vanguardia en el proceso penal juvenil, la implementación de la nueva legislación nacional plantea interrogantes, particularmente en lo que respecta a las medidas de privación de libertad.

La Ley 27.801 subraya que la detención debe ser la última instancia y contempla diversas medidas y penas alternativas. En caso de privación de libertad, se establecen modalidades como el cumplimiento en domicilio o en institutos especializados, siempre en establecimientos adecuados, con personal capacitado y bajo criterios que consideren la edad, características personales y salud del adolescente. Se prohíbe explícitamente el contacto entre jóvenes y adultos detenidos. Sin embargo, Sotelo expresó su inquietud sobre la capacidad provincial para absorber un eventual aumento de adolescentes privados de libertad, ya que el Centro Socioeducativo Aldea Tres Horquetas, principal lugar de alojamiento preventivo, podría ver su capacidad desbordada si las detenciones se incrementan significativamente, tal como alertó también el procurador general Jorge Canteros.

El problema se agrava al considerar el contexto general del sistema penitenciario chaqueño, donde el hacinamiento de adultos ya es una realidad crítica. La preocupación es que esta problemática se traslade al sistema juvenil. Sotelo insistió en la necesidad de contar con espacios suficientes y diferenciados para mujeres adolescentes y, fundamentalmente, asegurar que los jóvenes de distintas edades no sean alojados indiscriminadamente. Estos aspectos, junto con los criterios de intervención y el abordaje interdisciplinario, serán monitoreados de cerca por el Comité contra la Tortura.

Finalmente, el comisionado también se refirió a los pedidos de juicio político contra magistrados por decisiones vinculadas a esta nueva ley. Sotelo defendió que, ante un desacuerdo con una resolución judicial, la vía adecuada es la apelación y no el juicio político, que debería reservarse para situaciones de mayor gravedad. El desafío inmediato para Chaco es grande: sostener el esquema de especialidad ya existente y evitar que la expansión del número de adolescentes en el sistema penal desborde una infraestructura que hoy es limitada, para no generar consecuencias negativas en la resocialización de los jóvenes.

Fuente original: Chaco Día por Día