El proyecto de “Inocencia Fiscal II”, ahora convertido en ley, busca formalizar un estimado de 170 mil millones de dólares que, según cálculos oficiales, se encuentran fuera del circuito financiero argentino. La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, obtuvo la sanción en la Cámara Alta con 44 votos a favor y 23 en contra, sin abstenciones. Esta aprobación marca la primera ley debatida y sancionada íntegramente dentro del período ordinario.

La nueva normativa introduce importantes modificaciones para incentivar la adhesión de contribuyentes. Entre los cambios más destacados, se eliminan los topes de $1.000 millones y $10.000 millones en ingresos y patrimonio, respectivamente, para acceder al régimen. Además, redefine el concepto de “discrepancia significativa” que habilita a la AFIP a impugnar declaraciones juradas, estableciendo umbrales más claros y reduciendo las multas formales para MicroPyMEs, personas humanas y entidades sin fines de lucro.

Durante el debate, el senador sanjuanino Bruno Olivera Lucero (La Libertad Avanza) defendió la ley argumentando que los “dólares de abajo del colchón” son “plata muerta” que no beneficia al país. El legislador libertario destacó que esta medida busca “resucitar” esos capitales y que ya 400.000 contribuyentes se han inscripto en regímenes similares. Olivera Lucero también contrastó la gestión actual con las anteriores, afirmando que ahora “cuando el Estado se equivoca, el Estado paga” en un plazo de 45 días, algo que, según él, no ocurría antes.

Sin embargo, la ley generó un fuerte rechazo en la oposición. El jefe del bloque Justicialista, senador José Mayans, criticó duramente la propuesta, sugiriendo irónicamente que el 17 de septiembre debería ser el “día de los inocentes fiscales”. Mayans afirmó que la ley está “hecha para la hermana (Karina Milei), para el narcotráfico, para los Espert y para Manuel Adorni”, insinuando que permitiría a funcionarios justificar aumentos patrimoniales. El senador formoseño enfatizó que la ley “no es para los trabajadores, no es para los jubilados, ni pensionados”, y que millones de argentinos no se beneficiarán. Es importante destacar que los funcionarios de alta responsabilidad pública de los tres poderes del Estado de los últimos cinco años quedan excluidos de los beneficios de esta nueva ley.

Fuente original: Chaco Día por Día