El oficialismo nacional sufrió un importante traspié en el Senado al no lograr el dictamen para el proyecto de Ley de Inversiones (Súper RIGI). A pesar de las intensas negociaciones y los intentos de acuerdo con los bloques aliados, la bancada oficialista no consiguió las 26 firmas necesarias para avanzar con la iniciativa, lo que obligó a pasar a un nuevo cuarto intermedio en el plenario de comisiones.

La principal razón del estancamiento radicó en las nuevas exigencias de un sector de la oposición dialoguista. Representantes del PRO, una parte del radicalismo y el bloque Provincias Unidas, demandaron la inclusión de una cláusula que obligue a las empresas que adhieran al régimen a comprar insumos a proveedores locales, incluso si estos productos nacionales resultan hasta un 15% más caros que los importados. Esta condición se sumó a otras modificaciones previas.

La ausencia de siete senadores clave fue determinante para que el oficialismo no alcanzara el número de rúbricas. Entre los legisladores que no acompañaron el despacho se encontraban Carlos «Camau» Espínola y Alejandra Vigo de Provincias Unidas, Andrea Cristina del Pro, Maximiliano Abad por la UCR bonaerense y la neuquina Julieta Corroza. También se notó la ausencia de Flavio Fama y Beatriz Ávila, evidenciando una división interna incluso entre quienes habían participado en debates anteriores.

Durante el breve plenario de 45 minutos, el oficialismo intentó ganar tiempo y confirmó la incorporación de algunas modificaciones, como la obligación para las empresas con data centers de construir sus propias subestaciones eléctricas y un compromiso de desarrollo de proveedores locales con un mínimo del 20%. Sin embargo, estas concesiones no fueron suficientes para destrabar la situación. Patricia Bullrich, jefa de bancada de La Libertad Avanza, encabezó las frustradas conversaciones con los líderes de los bloques aliados.

Con solo 20 firmas obtenidas, lejos de las 26 requeridas, el proyecto del Súper RIGI quedó nuevamente en suspenso. Este es el sexto cuarto intermedio para una iniciativa que el gobierno considera clave para atraer inversiones. La expectativa de llevar la ley al recinto el próximo 10 de septiembre se diluye, y aunque el oficialismo confía en resolver la situación la próxima semana, los aliados muestran una postura cada vez más firme en sus demandas.

Fuente original: La Gaceta