El Tribunal Oral Federal de Corrientes ha dispuesto la detención inmediata de Pablo Carlos Molina, quien fuera secretario del Juzgado Federal N° 1 de esa provincia. La medida busca que Molina comience a cumplir de manera efectiva la pena de cuatro años de prisión impuesta por haber orquestado el espionaje ilegal de las comunicaciones telefónicas de su esposa y del exnovio de ella, utilizando para ello recursos de una causa por narcotráfico.

Esta decisión judicial se concretó este lunes, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara el último recurso presentado por la defensa del exfuncionario, dejando la sentencia condenatoria en firme. El tribunal correntino encomendó a la Gendarmería Nacional la tarea de localizar y capturar a Molina en su último domicilio registrado en la provincia del Chaco, para su posterior traslado a una cárcel común del Servicio Penitenciario Federal, tras una breve estadía provisoria en dependencias de la fuerza.

La compleja trama penal contra Molina salió a la luz de forma inesperada. En marzo de 2019, durante un relevamiento de expedientes y elementos secuestrados, un empleado del juzgado encontró 28 discos con grabaciones de intervenciones telefónicas. Estos soportes digitales estaban guardados en el despacho que Molina había ocupado. Lo llamativo fue que, aunque los discos estaban rotulados con un número de oficio correspondiente a una causa narco de 2013, al verificar los registros se constató que las líneas grabadas pertenecían a Carolina Etel Codutti, esposa de Molina, y a Norberto Fabián Sucatzky, un exnovio de la mujer. En ese momento, Molina ya estaba detenido por otra causa que investigaba su participación en una asociación ilícita dentro del mismo juzgado, dedicada a favorecer a narcotraficantes.

La investigación posterior reveló que Molina, movido por sospechas de infidelidad de su pareja, había montado un esquema de espionaje entre el 18 de septiembre y el 1 de octubre de 2014. Para ello, falsificó un oficio utilizando el formato y sellos del juzgado, e insertó los números de teléfono de su esposa y de Sucatzky, haciéndolos pasar por objetivos de una investigación real de tráfico de estupefacientes que tramitaba en su despacho. El entonces juez Carlos Vicente Soto Dávila firmó el documento, alegando posteriormente que lo hizo sin leerlo atentamente, confiado en su secretario. Las grabaciones, corroboraron los investigadores, contenían diálogos de carácter estrictamente privado y familiar, incluyendo incluso agresiones verbales de Molina hacia su esposa.

El Tribunal Oral Federal de Corrientes emitió la sentencia condenatoria en julio de 2022, imponiendo cuatro años de prisión e inhabilitación absoluta por el doble de tiempo, por los delitos de abuso de autoridad y falsedad ideológica. Esta resolución fue ratificada por la Cámara Federal de Casación Penal en abril de 2023, y finalmente, la Corte Suprema de Justicia, con los votos de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, desestimó el recurso de la defensa, cerrando así todas las vías de apelación y desencadenando la orden de detención.

Fuente original: Infobae