Quince años después del brutal doble crimen de las turistas francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni en Salta, la Unidad Fiscal del Ministerio Público Fiscal de la provincia solicitó la nulidad del sobreseimiento de Walter Lasi. Se trata del padre de Gustavo Lasi, el único individuo actualmente detenido y condenado por el homicidio ocurrido en la Quebrada de San Lorenzo.

La Fiscalía argumenta que hubo una aplicación de criterios disímiles al evaluar pruebas similares. Según el planteo, evidencias genéticas, la cercanía de los implicados a la escena del crimen, las armas halladas y las contradicciones en las declaraciones fueron sopesadas de forma diferente para Walter Lasi en comparación con otros imputados. La acusación sostiene que esta decisión afectó el debido proceso, impidiendo que una posible responsabilidad penal fuera examinada adecuadamente en un juicio. Para contrarrestar una posible defensa de cosa juzgada, la fiscalía invoca la doctrina de la “cosa juzgada írrita o aparente”.

El caso, ocurrido en julio de 2011, conmocionó a la opinión pública nacional e internacional. En 2014, Gustavo Lasi fue condenado a 30 años de prisión por robo, abuso sexual con acceso carnal y doble homicidio agravado. Sin embargo, la situación de otros implicados fue más compleja: Santos Clemente Vera fue absuelto en el juicio inicial, luego condenado a prisión perpetua en una instancia posterior y finalmente liberado por orden de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que anuló su sentencia y pidió un nuevo pronunciamiento.

La reactivación de la cooperación judicial entre Argentina y Francia, impulsada por Jean-Michel Bouvier, padre de una de las víctimas, fue clave. Esto permitió nuevas pericias genéticas en el Laboratorio de la Gendarmería Nacional de París. Los resultados de estos estudios no solo volvieron a detectar rastros genéticos de Gustavo Lasi en los cuerpos de las víctimas, sino que también no descartaron una posible participación de su padre, Walter Lasi. La Fiscalía aclaró que el objetivo de su pedido no es una condena anticipada, sino remover los efectos de las decisiones previas para que la situación de Walter Lasi pueda ser reexaminada bajo las garantías del debido proceso.

Fuente original: Infobae