El expresidente Gustavo Petro siguió con sus señalamientos al nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella, y en esta ocasión mostró sus reparos frente a una de las decisiones más complejas que ha tomado la administración, que inició labores de lleno desde el 7 de agosto de 2026, y que solo tres días después tuvo que atender la calamidad a nivel nacional luego del terremoto de 7,4 del lunes 10 de agosto: declarar la emergencia económica, social y ecológica en Colombia durante 30 días para enfrentar los efectos del sismo.

La medida habilita al Gobierno a expedir decretos con fuerza de ley ante una calamidad que deja 319 muertos, 4.469 heridos y 260 desaparecidos.

No obstante, Petro señaló a través de un mensaje que publicó la mañana del viernes 21 de agosto vía X que no le cree mucho al “Tigre” luego de que firmó el decreto el 19 de agosto.

“Lo único que propone Abelardo es endeudar a la clase media damnificada por el terremoto” , comentó el expresidente, que replicó además el hilo que difundió por la misma red social el senador del Pacto Histórico Wilson Arias.

El congresista señaló esa misma mañana de viernes que “nueve días después del terremoto llegó el decreto de Emergencia Económica”, lo que calificó como “necesario”, pero hizo algunas precisiones sobre su contenido y dejó una pregunta abierta para el Gobierno de De la Espriella: “¿La única alternativa para una familia que perdió su casa es endeudarse?»

“Dicen que hay créditos preferenciales. Es decir, el que lo perdió todo, además, que pague intereses. Eso no es una garantía, es un préstamo. Un gobierno que solo ofrece crédito está renunciando a dar garantías económicas”, explicó en el hilo Arias.

No obstante, el senador dijo que “hay otro camino y ya lo pusimos sobre la mesa”, haciendo alusión a un programa que buscaría atender las zonas afectadas al mismo tiempo que se generan trabajos.

“Un Programa Público de Empleo que contrate a trabajadores, cooperativas y Mipymes de los municipios afectados, junto a un Programa de Construcción de Vivienda Pública”, recordó Arias, que le dijo a De la Espriella: “Abelardo no sea un Duque 2.0, adóptelo”.

Al final, el senador se pronunció ante “el tamaño de lo que hay que reconstruir a corte del 20 de agosto”, y puntualizó “pérdidas cercanas al 1 % del PIB (Producto Interno Bruto)”, y por lo anterior fue que Arias sentenció: “Un crédito deja una deuda, un empleo construye un futuro y una casa”.

El presidente De la Espriella declaró la emergencia económica, social y ecológica en Colombia durante 30 días para enfrentar los efectos del terremoto del 10 de agosto de 2026

El documento señala que el régimen excepcional regirá en Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Quindío, Cundinamarca, Risaralda, Huila, Valle del Cauca, Tolima, Putumayo, Norte de Santander, Bolívar, Nariño y Sucre. También podrá extenderse a otros municipios si se prueba una afectación concreta derivada del sismo y de sus réplicas.

El decreto ordena que el Ministerio del Interior presente un informe motivado al Congreso, y dispone remitir el texto al día siguiente a la Corte Constitucional y comunicar la decisión a la ONU y a la OEA.

El texto señala que los cierres y restricciones viales comprometen corredores de carga y abastecimiento, dado que los departamentos afectados aportan el 11,5% del abastecimiento total de alimentos del país, con participación relevante en verduras, carnes, alimentos procesados, frutas, lácteos y huevos, una disrupción que ya genera desabastecimiento en distintas regiones, sobre todo en el suroccidente.

De otro lado, el Ministerio de Ambiente identificó riesgos asociados a escombros, residuos peligrosos, daños en sistemas hídricos, afectación de fauna silvestre y posibles impactos sobre áreas protegidas. El volumen de escombros se estima entre 1,5 millones y 2,4 millones de toneladas.

El Gobierno incluyó en el decreto una evaluación económica preliminar que ubica el impacto en al menos $30 billones, cerca del 1,8% del PIB. El documento también cita una estimación del Servicio Geológico de los Estados Unidos que considera más probable un rango de pérdidas de USD 1.000 millones a USD 10.000 millones.

Asimismo, se resaltó que desde el Ejecutivo ya se habían activado mecanismos ordinarios, incluida la declaración de desastre nacional y la respuesta humanitaria del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, con evacuaciones, alojamientos, remoción de escombros, traslados de pacientes, priorización eléctrica para servicios esenciales y suspensión de términos judiciales y tributarios.

Aun así, el decreto afirma que la estrechez fiscal limita la capacidad estatal de respuesta.

El cupo de endeudamiento anual aprobado por el Congreso asciende a USD 17.273.146.933 y la subcuenta principal del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para manejo de desastres dispone de apenas $47.265.782.863.

Fuente original: Infobae

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