El Tribunal Constitucional de Perú le dio un fuerte revés a Willy Huerta, quien fuera ministro del Interior durante el gobierno de Pedro Castillo. La máxima instancia judicial declaró improcedente la demanda de hábeas corpus que el exfuncionario había presentado buscando anular las actuaciones fiscales y judiciales que lo llevaron a ser juzgado y condenado por su presunta participación en el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

Huerta Olivas pretendía que se declararan nulas la disposición de formalización de la investigación preparatoria por el delito de rebelión, la acusación y el auto de enjuiciamiento que lo envió a juicio oral con un pedido de pena de 25 años de prisión. Su argumento central era que la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, le había atribuido hechos distintos a los definidos en la denuncia constitucional aprobada por el Congreso.

Sin embargo, el Tribunal Constitucional rechazó la demanda por un aspecto meramente procesal. Cuando el exministro del Interior interpuso el recurso, en julio de 2024, aún tenía la condición de procesado. Pero al momento en que el tribunal resolvió, ya había sido condenado en primera instancia, lo que cambia la situación legal del caso.

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema lo condenó, el 4 de diciembre de 2025, a 11 años, 5 meses y 15 días de pena privativa de la libertad por el delito de conspiración para la rebelión. La ejecución de esta pena se encuentra suspendida hasta que la Sala Penal Suprema resuelva la apelación presentada. El TC aclaró que esta condena podría ser objeto de una nueva demanda de hábeas corpus, pero solo una vez que la sentencia quede firme.

Además, el Tribunal Constitucional sostuvo que Willy Huerta tiene la posibilidad de invocar los mismos cuestionamientos que planteó en su demanda de hábeas corpus en sus argumentos de apelación ante la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, donde su caso aún está abierto.

Huerta Olivas se desempeñó como ministro del Interior entre julio y diciembre de 2022. Según las investigaciones del Ministerio Público, el 7 de diciembre de ese año actuó como intermediario entre el entonces presidente Pedro Castillo y el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Raúl Alfaro, para ordenar el cierre del Congreso y la intervención del Ministerio Público. El excomandante policial declaró haber recibido una llamada del exministro desde Palacio de Gobierno, tras la cual el propio Castillo le dio la orden directamente.

Cabe recordar que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema fijó el 23 de septiembre de 2026 para calificar el recurso de apelación del expresidente Pedro Castillo contra la sentencia que lo condena a 11 años y 5 meses de prisión por el mismo fallido golpe de Estado. En esa audiencia, también se determinará si las apelaciones de otros exministros implicados, como Betssy Chávez y Aníbal Torres, fueron bien concedidas.

Fuente original: Infobae