Tras el sismo que impactó fuertemente el Valle del Cauca, el Eje Cafetero y otras regiones de Colombia, la empresa Seguros SURA salió a aclarar las dudas de los damnificados sobre los plazos para presentar reclamos por daños. Juan David Escobar, presidente de la compañía, desmintió categóricamente los rumores que circulaban en redes sociales sobre un supuesto límite de 72 horas para iniciar los trámites, llevando tranquilidad a miles de asegurados.
Escobar enfatizó que la información que indicaba un plazo de solo tres días es «totalmente falsa». Según la legislación colombiana, los afectados por el terremoto tienen un período de hasta dos años para formalizar sus reclamos, aunque la industria aseguradora busca agilizar los procesos para evaluar los daños y desembolsar los fondos lo más pronto posible. El directivo instó a las personas a priorizar su seguridad y la de sus familias antes de preocuparse por la burocracia, asegurando que los canales de atención de SURA están completamente operativos para recibir solicitudes de diversas maneras.
Las condiciones de cobertura varían según el tipo de póliza contratada. Para viviendas, explicó Escobar, existen seguros vinculados a créditos hipotecarios y seguros voluntarios, cada uno con sus propias especificaciones. Es fundamental que los damnificados revisen detalladamente su cobertura, que puede incluir desde la remoción de escombros hasta la renta temporal de una vivienda alternativa mientras se evalúan los daños. En el caso de vehículos, las pólizas «todo riesgo» suelen cubrir los efectos de fenómenos naturales, mientras que para locales comerciales, SURA activará la logística necesaria para ayudar a restablecer las operaciones.
El presidente de SURA hizo un llamado a la calma y a no dejarse llevar por rumores infundados. Subrayó que, si bien la rapidez en la presentación de un reclamo puede acelerar los pagos, esto no anula los derechos ni los plazos legales de los asegurados. Además, destacó la importancia de la coordinación entre el sector privado, la solidaridad y las políticas públicas para la reconstrucción de las zonas afectadas, un desafío que la compañía enfrenta con casi 3.000 personas trabajando en la región para brindar asistencia.
Fuente original: Infobae