El Gobierno español ha tomado la decisión de prolongar la autorización para la operación de la central nuclear de Almaraz, ubicada en Cáceres, hasta junio de 2030. Esta medida, oficializada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se fundamenta en la garantía de seguridad para la población, la estabilidad del suministro energético y la ausencia de costos adicionales para los ciudadanos.

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) explicaron que la prórroga se concede tras verificar el cumplimiento de tres condiciones esenciales. En primer lugar, se confirmó la seguridad de la instalación para las personas, un aspecto ratificado por el Consejo de Seguridad Nuclear, que avaló el correcto funcionamiento de la planta y su nivel de seguridad radiológica, imponiendo a su vez condicionantes técnicos específicos.

La segunda condición cumplida es que la extensión de la vida útil de Almaraz no compromete la seguridad del suministro eléctrico en el país. Finalmente, se aseguró que la medida no implicará un costo para los contribuyentes españoles. A pesar de que las empresas propietarias de la central habían solicitado reducciones impositivas, la prórroga se otorgó sin ningún tipo de rebaja fiscal ni compensación económica para las compañías eléctricas involucradas.

Esta determinación se enmarca en un contexto internacional de «circunstancias extraordinarias», marcado por el conflicto en Oriente Medio y la continuidad de la guerra en Ucrania. La inestabilidad global ha provocado una elevada volatilidad y precios elevados de los combustibles fósiles, cuya duración es incierta. En este escenario, la prórroga de Almaraz busca contribuir a moderar la exposición de los consumidores a picos de precios inesperados.

Desde el Gobierno español, se enfatiza que el compromiso con las energías renovables permanece inalterable. La extensión de Almaraz se considera una medida coyuntural y limitada a esta instalación específica, sin alterar la fecha de cese definitivo del conjunto del parque nuclear español, fijada para 2035. Se proyecta que el impacto de este cierre en 2030 será «muy limitado» en el objetivo de penetración de las energías limpias.

Fuente original: Infobae