Un nuevo capítulo en la creciente tensión entre las universidades nacionales y el Gobierno se escribe este miércoles, con un paro nacional impulsado por los gremios de docentes y no docentes universitarios. La medida de fuerza busca visibilizar el supuesto incumplimiento de tres puntos clave: la no aplicación de la ley de financiamiento universitario, la falta de acatamiento a un fallo de la Corte Suprema sobre la actualización salarial y la insuficiencia de partidas presupuestarias para los hospitales universitarios.

Este conflicto, que se arrastra desde hace casi un año, se intensifica ante la sanción de una normativa del Congreso Nacional que buscaba actualizar por inflación los gastos de funcionamiento de las facultades y hospitales, así como garantizar la convocatoria a paritarias para recomponer los salarios del personal y aumentar las becas estudiantiles. Organizaciones como AGD UBA, FEDUN, FAGDUT y FATUN lideran la protesta, que busca presionar al Ejecutivo para que cumpla con lo acordado.

Desde el sector docente, señalan que, si bien en junio se alcanzó un acuerdo salarial con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que preveía una actualización del 24,33% en dos tramos, este monto resulta insuficiente y no cubre la brecha de casi 30 puntos que aún resta aplicar a los haberes. Emiliano Cagnacci, secretario general de ADUBA, expresó la frustración del sector: «Este es un conflicto que lleva más de dos años y medio y al que nos empujó el Gobierno. Queremos estar en el aula, haciendo investigación, pero nos han empujado a esto porque aún seguimos sin cobrar lo que el Estado de derecho ya sentenció que nos corresponde».

La situación de los hospitales universitarios es otro eje crítico. A pesar de que la UBA recibió 20 mil millones de pesos para sus hospitales, esta cifra representa apenas un cuarto de lo percibido el año anterior. Los gremios denuncian que de los 50 mil millones de pesos adicionales acordados en junio, aún no hay novedades, lo que afecta a establecimientos que brindan atención a más de medio millón de consultas anuales, muchas de ellas de alta complejidad.

El ámbito judicial también suma presión al Gobierno. Recientemente, la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal dejó sin efecto la suspensión de una medida cautelar, luego de que la Corte Suprema rechazara un recurso extraordinario del Ejecutivo. Esto significa que el expediente volvió a manos del juez Martín Cormick para que se continúe con la ejecución de la medida, que los gremios entienden que aún no se ha concretado plenamente en lo referente a la actualización salarial y el financiamiento de becas.

Por su parte, el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, rechazó los reclamos, calificando la medida de fuerza como «ilegítima» y de «carácter político». La cartera gubernamental asegura que no existe incumplimiento alguno y detalló las transferencias realizadas, que incluyen más de 666 mil millones de pesos en gastos de personal e incrementos salariales para junio, y otros 448 mil millones para julio. Además, informó sobre las resoluciones por 20 mil millones de pesos para los hospitales de la UBA. La próxima mesa paritaria está convocada para el 1° de septiembre.

En este contexto de paro, se espera una convocatoria abierta para este miércoles a las 16 en el Obelisco, impulsada por el área de Ciencia y Técnica de la UBA, a la que se sumarán algunos gremios docentes. A pesar de la medida de fuerza, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, confirmó que la institución mantendrá sus puertas abiertas, aunque la adhesión al paro dependerá de cada trabajador. La disputa promete nuevos capítulos, con una jornada de visibilización prevista para el 19 de agosto, cuando se cumplan 300 días de la sanción de la ley, y un plenario de rectores en Bariloche el 4 de septiembre, donde el presupuesto universitario 2027 será central.

Fuente original: Infobae