Un exintendente de la localidad de San Carlos, en la provincia de Salta, enfrenta graves acusaciones judiciales por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos. Se trata de Héctor Raúl Vargas, quien estuvo al frente del municipio entre 2019 y 2023, y ahora fue imputado por incumplimiento de deberes de funcionario público, peculado y falsedad ideológica de documentos públicos.

La Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) formalizó la investigación penal, atribuyéndole a Vargas cargos relacionados con la compraventa de terrenos para un loteo social, la gestión de fondos nacionales y retiros de una cuenta municipal que superarían los 64 millones de pesos. Estas maniobras habrían ocurrido durante su gestión al frente de la comuna.

La primera denuncia, presentada por un concejal en mayo de 2023, alertó sobre la adquisición de un inmueble de tres hectáreas por $15 millones en 2021, sin la debida autorización del Concejo Deliberante. A pesar de los reiterados pedidos de documentación por parte de los ediles, esta solo fue entregada casi dos años después.

El Gabinete de Delitos Económicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) reveló que, tras la venta de los lotes, el municipio recibió $16.883.100. Sin embargo, no hay registros claros sobre el destino de $1.883.100 restantes, y la compra original se habría realizado sin cumplir con el régimen de contrataciones ni las etapas presupuestarias. Además, la venta posterior de los lotes tampoco contó con la aprobación del Concejo.

Las irregularidades no terminan ahí. La Fiscalía también imputó a Vargas por falsedad ideológica, ya que resoluciones municipales consignaban datos sobre el loteo —como matrículas individuales y servicios— que resultaron ser falsos. Una inspección ocular constató que el terreno estaba vacío, con lotes apenas marcados y sin servicios básicos esenciales como agua, luz o cloacas.

Otra denuncia, de diciembre de 2023, puso el foco en $9.482.369,75 recibidos del Programa de Promoción del Trabajo, Arraigo y Abastecimiento Local (PROTAAL), destinados a veinte familias. La pericia indicó que no se pudo reconstruir el destino de este dinero, ya que no existen órdenes de pago ni comprobantes, y el organismo nacional no tiene registros de rendición de cuentas.

Finalmente, la actual intendenta, María del Carmen Vargas, denunció en marzo de 2024 que al asumir no encontró los fondos del loteo ni en las cuentas bancarias ni en Tesorería, y que el terreno carecía de infraestructura. A todo esto se suma que el CIF detectó 18 retiros de fondos de una cuenta municipal en el Banco Macro, por un total de $64.449.000, realizados mediante cheques diferidos a nombre de la Municipalidad, pero sin documentación que justifique su destino.

Fuente original: Infobae