El Poder Ejecutivo Nacional, en una jugada estratégica, confirmó la eliminación de un controvertido capítulo de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La decisión, que se tomó tras intensas negociaciones con bloques aliados, busca allanar el camino para que el proyecto pueda ser tratado y aprobado este jueves en el Senado de la Nación.
La medida adoptada por el oficialismo responde a la evidente dificultad de reunir los 37 votos necesarios para la sanción de la ambiciosa normativa, que cuenta con el impulso del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. La resistencia se hizo palpable esta misma mañana, cuando dos gobernadores considerados cercanos a la Casa Rosada, Osvaldo Jaldo de Tucumán y Rolando Figueroa de Neuquén, manifestaron públicamente su rechazo al apartado en cuestión.
El capítulo que generó el mayor debate establecía una prohibición específica: la adquisición de tierras rurales por parte de Estados Extranjeros. Sin embargo, y aquí radicaba la controversia, la redacción original abría la puerta a que personas jurídicas de cualquier naturaleza, incluyendo agrupaciones de colaboración, uniones transitorias de empresas y otros vínculos asociativos con participación estatal extranjera, pudieran adquirir esos terrenos.
Para que estas entidades con capital extranjero indirecto pudieran operar, la normativa exigía una doble autorización: tanto de la provincia donde se ubica el inmueble como del propio Poder Ejecutivo Nacional. Esta distinción entre Estados y entidades con participación estatal extranjera generó fuertes críticas y fue el eje del desacuerdo que llevó al Gobierno a reconsiderar su postura y, finalmente, retirar el controvertido punto para avanzar con el resto de la ley.
Fuente original: Infobae

